La Procuraduría General del Estado (PGE) informó que la Corte Constitucional aún no inicia el seguimiento de la sentencia del 21 de noviembre de 2024, que anuló la restitución de bienes a los hermanos Roberto y William Isaías, exdueños de Filanbanco.
La sentencia invalidó 65 inmuebles y acciones empresariales devueltos a los Isaías tras decisiones judiciales anteriores, calificadas por la Corte como un “error judicial inexcusable”. El fallo también ordenó archivar todo el proceso y señalar responsables por prevaricato.
No obstante, la Procuraduría advierte que, pese a la sentencia constitucional, la devolución de bienes continúa sin reversión efectiva, y en muchos casos esos activos ya pasaron a terceros.
Ante esta situación, solicita al pleno de la Corte que active de inmediato la fase de seguimiento, dé prioridad al caso y disponga las acciones necesarias para garantizar la ejecución del fallo.
Además, insta a que se eviten modificaciones por parte del juez ejecutor y que se adopten medidas urgentes para prevenir daños permanentes a los derechos del Estado.
El asunto se remonta a la crisis bancaria de 1999, cuando Filanbanco fue intervenido y sus propietarios quedaron envueltos en procesos judiciales que terminaron favoreciéndolos con la restitución de sus bienes —hecho revertido por la Corte en diciembre de 2024.
Ahora, con la Procuraduría presionando a la Corte Constitucional, el Estado busca recuperar los bienes efectivamente restituidos, exigir sanciones a los jueces implicados y restaurar la integridad jurídica alrededor de uno de los casos más polémicos del sistema financiero nacional.