Este 9 de julio de 2025, Gustavo Ayala, viceministro de Educación, aclaró que el Ministerio no puede declarar estado de emergencia en las escuelas, alegando la falta de documentación formal del profesorado sobre las denuncias de extorsión. Ayala reportó 108 casos de extorsión registrados en el sistema educativo público, aunque algunos han sido desestimados, afectando a más de 215.000 docentes.
Explicó que el Gobierno, junto con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, está categorizando el nivel de seguridad de cada escuela (bajo, medio o alto) para adaptar las medidas de protección. Ayala también anunció una próxima orden para reducir la carga de trabajo administrativo de 8 a 10 horas semanales, lo que permitirá a los docentes concentrarse más en las actividades del aula y menos en las tareas burocráticas. Asimismo, lanzó un ataque contra la Unión Nacional de Educadores: «Los profesores son muy trabajadores. Los miembros de la UNE, del sindicato, no sé, pero los profesores son muy trabajadores», arremetió.
Rechazando los llamados a una emergencia educativa, Ayala insiste en que la violencia social, y no el entorno escolar en sí, subyace a estos problemas, y advierte que la transición a la enseñanza a distancia podría agravar las tasas de deserción escolar. Citando una encuesta realizada en Guayas, destaca que los docentes gozan de un 56% de confianza pública, el nivel más alto entre los funcionarios.
A pesar de las preocupaciones sobre extorsión, Ayala enfatiza que los docentes son profesionales dedicados y que las medidas propuestas buscan apoyar sus principales responsabilidades educativas. La postura del Ministerio prioriza el fortalecimiento de los procedimientos institucionales en lugar de declarar una emergencia disruptiva.
Persisten las tensiones mientras los legisladores presionan por respuestas urgentes para proteger a los docentes, en tanto que el Ministerio de Educación opta por intervenciones específicas. Los opositores argumentan que la eliminación de las cargas burocráticas es llamativa, pero insuficiente sin una declaración formal de emergencia ante las crecientes amenazas.
Este debate se desarrolla en un contexto de creciente violencia en las escuelas ecuatorianas y sus alrededores, ya que informes del Consejo Noruego para los Refugiados indican que profesores y estudiantes huyen de los campus debido a las amenazas y extorsiones de las pandillas.