La Presidencia confirmó la noche del viernes 11 de julio de 2025 que el presidente envió a la Corte Constitucional (CC) una solicitud para que se realice el control previo de una reforma parcial a la Constitución, con el fin de autorizar la castración química a violadores.
El objetivo del Ejecutivo es que la CC declare admisible la propuesta, lo que permitiría su posterior envío a la Asamblea Nacional.
La reforma contempla aplicar la castración química junto con penas privativas de libertad a personas sentenciadas por violación. También plantea crear un registro reservado de estos delincuentes, con el propósito de impedir que accedan a trabajos relacionados con niños y adolescentes.
“Pensaron que el poder los iba a proteger. Como antes, como siempre. Esta vez no: los violadores merecen la castración química y pagar con la cárcel”, expresó Daniel Noboa en redes sociales.
La castración química consiste en el uso de fármacos hormonales para disminuir la reincidencia en delitos sexuales, según un informe de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) de Estados Unidos.
El Instituto de Democracia y Derechos Humanos (Idehpucp), de la Pontificia Universidad Católica del Perú, explica que se trata de un tratamiento médico que reduce la libido mediante medicamentos que disminuyen la testosterona en la sangre.
“Finalmente, a diferencia de la castración quirúrgica o física, consistente en la extirpación de los testículos, el procedimiento solo tiene un efecto temporal y reversible», señala el Idehpucp. Añade que “si bien es empleado en la medicina para el tratamiento de tumores en la próstata y en el caso de pacientes parafílicos, su aplicación no ha sido ajena al derecho penal”.