Tras una inspección sorpresiva encabezada por la asambleísta Victoria Desintonio, se revelaron condiciones alarmantes en el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en Guayaquil. La visita revela una grave crisis humanitaria y administrativa que pone en peligro la vida de los pacientes y genera indignación en redes sociales y sectores políticos.
Según testimonios e imágenes de primera mano compartidos por la legisladora, los pacientes se ven obligados a comprar suministros médicos básicos —como vendajes, suturas, pañales y medicamentos— en farmacias cercanas, lo que les genera gastos personales de cientos de dólares. El hospital, considerado una institución emblemática de la ciudad, ahora opera en condiciones que Desintonio describe como «inhumanas», con infraestructura deteriorada y escasez de recursos médicos.
Entre los hallazgos más críticos se encuentra la grave escasez de camillas, sillas de ruedas y camas de emergencia, lo que provoca que los pacientes esperen varios días para recibir atención urgente. Las camas de UCI son prácticamente inexistentes, lo que deja a las familias en la desesperación y obliga a algunos pacientes a ser trasladados a hospitales distantes o simplemente enviados a casa sin el tratamiento adecuado.
La infraestructura física del hospital también está colapsando. Los informes describen baños sin agua corriente, habitaciones de hospitalización con sistemas de aire acondicionado rotos durante el auge de la ola de calor costera y ventanas agrietadas o destrozadas que exponen a los pacientes a condiciones inseguras. El personal que solicitó el anonimato confirmó que estos problemas existen desde hace años y se han agravado desde principios de 2025.
Además del colapso de la atención médica, Desintonio expone graves irregularidades en los procesos de contratación. Según denuncias internas, la administración presuntamente presiona al personal para que apruebe compras cuestionables que no satisfacen las necesidades clínicas. Varios trabajadores y representantes sindicales afirman que estas estrategias enriquecen a los proveedores privados, mientras que el personal médico se queda sin herramientas para salvar vidas.
La legisladora criticó públicamente al exministro de Salud, Édgar Lama von Buchwald, por visitar el hospital días antes sin declarar la emergencia institucional. Sus acusaciones han generado presión política sobre el Gobierno nacional y la directiva del IESS para que respondan con transparencia y urgencia. Mientras tanto, grupos ciudadanos y familiares de pacientes organizan protestas para exigir rendición de cuentas y soluciones concretas.
Si bien el IESS aún no ha emitido un comunicado oficial, la indignación pública sigue creciendo. Desintonio se compromete a presentar denuncias formales ante los organismos de control y anticorrupción y ha exigido la intervención directa del presidente Daniel Noboa. «La salud no es un privilegio, es un derecho», afirma, advirtiendo que continuará con las inspecciones en otros hospitales del país si la situación no cambia.