Este lunes 14, la tensión política se intensificó en Santa Elena después de que a la alcaldesa del cantón, María del Carmen Aquino, se le impidiera el acceso a un evento gubernamental al que asistía el presidente Daniel Noboa. La ceremonia, celebrada para la entrega de becas deportivas, se llevó a cabo en la capital provincial y pretendía destacar el compromiso del Gobierno con la educación y la juventud. Sin embargo, la exclusión de la autoridad electa local eclipsó el evento y desató una polémica en La Península.
Imágenes ampliamente difundidas en redes sociales mostraron a la alcaldesa Aquino acercándose a la entrada del recinto con miembros de su equipo. Tras un breve y tranquilo intercambio con el personal de seguridad presidencial, se le negó el acceso y abandonó el lugar sin incidentes. Ni el comité organizador ni el equipo de seguridad ofrecieron una explicación inmediata de la decisión, lo que dio pie a la especulación y las críticas.
Líderes de la Revolución Ciudadana, la opinión pública en redes sociales, y otros actores políticos, condenaron lo que describieron como un acto deliberado de exclusión. Enfatizaron que impedir la presencia de una alcaldesa electa de su propia jurisdicción transmitía un mensaje de irrespeto institucional. Muchos cuestionaron si su afiliación política fue la verdadera razón de la exclusión.
Si bien el presidente Noboa fue homenajeado durante el evento con el Premio Matilde Hidalgo de Procel —otorgado por un grupo de estudiantes en reconocimiento a las 409,000 becas deportivas y académicas otorgadas a nivel nacional—, el incidente con la alcaldesa Aquino rápidamente desvió la atención del enfoque original de la ceremonia. En redes sociales y en la prensa, los titulares pasaron de la celebración a la controversia.
A pesar de las reiteradas consultas de periodistas y figuras de la oposición, el Gobierno no emitió ningún comunicado oficial que aclarara los motivos de la exclusión de la alcaldesa. El silencio generó nuevas críticas, y algunos calificaron el acto de atentado contra la autonomía local y los principios democráticos.