La Contraloría General del Estado publicó una auditoría contundente este martes 15 de julio, que revela que contratos por un valor aproximado de $240 millones entre CELEC y dos empresas extranjeras —Austral Technical Management (ATM) y Progen Industries LLC— podrían haber causado graves perjuicios financieros al Estado.
Los auditores descubrieron que ATM suministró equipos de generación de energía fabricados en 2016, posiblemente de segunda mano, en lugar de la maquinaria nueva requerida por el contrato; estos generadores también operan a 50 Hz en lugar de los 60 Hz habituales para la red eléctrica ecuatoriana.
La auditoría del proyecto Esmeraldas III de 91 MW de ATM desencadenó procedimientos administrativos, civiles y penales. Se han emitido sanciones preliminares y remitido a la Fiscalía indicios de conducta delictiva, como abuso de autoridad y malversación de fondos.
Mientras tanto, se espera que las auditorías en curso sobre el trabajo de Progen en los contratos de generación de emergencia de Salitral (100 MW) y Quevedo (50 MW) concluyan entre el 18 y el 21 de julio. Los primeros hallazgos coinciden con los de ATM, apuntando a irregularidades comparables que podrían dar lugar a nuevas sanciones.
La mañana de este miércoles 16, la ministra de Energía, Inés Manzano, destituyó a varios funcionarios de CELEC, después de que los informes de la Contraloría revelaran evidencia de infracciones legales. Manzano confirmó que las decisiones se tomaron tras solicitudes de revisiones exhaustivas de ambos contratos.
Los contratos, destinados a impulsar la capacidad nacional a través de proyectos como Esmeraldas III, Salitral y Quevedo, ya se encontraban en fase de operación temprana a pesar de retrasos importantes e incumplimientos técnicos: la ATM había recibido el 80% de su pago antes de que la ejecución del proyecto fallara.
El contralor Mauricio Torres enfatizó que las auditorías se realizaron con pleno rigor técnico para salvaguardar los fondos públicos. Subraya que los casos siguen abiertos, pues las empresas afectadas presentaron contraargumentos en mayo, y las resoluciones finales, incluyendo denuncias penales, están pendientes.