En una decisión controvertida, Fabián Calero, quien hasta hace poco se desempeñaba como viceministro de Electricidad, se reincorporó a la empresa estatal de energía CELEC como Director Corporativo de Recursos Energéticos. Su regreso a CELEC, anunciado en un documento público este 17 de julio del 2025, ha generado serias preocupaciones, ya que se produce tras una auditoría contundente de la Contraloría General del Estado que lo implica en una presunta mala gestión de fondos públicos relacionados con contratos con las empresas Progen y Austral.

El informe de la Contraloría, publicado a principios de este mes, detalla irregularidades en los procesos contractuales de CELEC bajo la supervisión de Calero, incluyendo desembolsos prematuros, contratos adjudicados sin las evaluaciones técnicas adecuadas y la aprobación de pagos por trabajos incompletos o sin verificar. Estos hallazgos han dado lugar a remisiones formales a la Fiscalía para una posible investigación penal, lo que sugiere que se manejaron recursos públicos de forma indebida durante su gestión tanto en CELEC como en el Viceministerio.

A pesar de estas graves acusaciones, Calero ha sido reelegido en un puesto de alta autoridad dentro de la CELEC, una institución estatal que ya se encuentra bajo escrutinio. Su nuevo cargo le otorga control sobre funciones importantes de planificación estratégica energética y gestión de recursos. Los críticos argumentan que su regreso socava la credibilidad institucional y envía un mensaje preocupante sobre el compromiso del Gobierno con la rendición de cuentas.
La ministra de Energía, Inés Manzano, se había distanciado previamente de los contratos irregulares al destituir a Calero del Viceministerio. Sin embargo, su inmediata reelección en la CELEC plantea interrogantes sobre la dinámica política interna y posibles acuerdos de protección dentro del sector energético. El Ministerio no ha comentado públicamente cómo se alinea esta decisión con las investigaciones en curso.
Mientras se desarrolla el proceso legal, el sector energético ecuatoriano sigue en el centro de la atención pública. Progen, una de las empresas involucradas, ya ha iniciado un arbitraje internacional contra el Estado ecuatoriano, mientras que la Fiscalía evalúa si las conclusiones de la Contraloría constituyen fundamento para un proceso penal contra funcionarios, tanto antiguos como actuales.
La reacción pública ha sido rápida, con organismos de control de la transparencia y analistas políticos criticando lo que describen como una cultura de reciclaje dentro de las entidades estatales. El regreso de Calero a CELEC es visto por muchos como una señal preocupante de que se están ignorando acusaciones graves en favor de lealtades políticas o blindaje interno.
A pesar de que CELEC intenta continuar con sus operaciones y el desarrollo de proyectos con normalidad, aumenta la presión para que tanto el Ministerio de Energía como la Presidencia aclaren si la reelección de Calero se ajusta a los estándares éticos que se esperan de los funcionarios públicos, en particular de aquellos bajo investigación formal por malversación de fondos públicos.
