La Superintendencia de Protección de Datos Personales anunció que trabaja en una normativa para restringir el acceso a la información sobre los salarios de los funcionarios públicos, tras conocerse que al menos cinco médicos del Hospital del Guasmo Sur, en Guayaquil, fueron extorsionados luego de que sus datos personales y remuneraciones se filtraran. Según las denuncias, esa información se difundió a través de un memorando interno en el sistema Quipux, lo que permitió que grupos delictivos accedieran a sus nombres, cédulas y sueldos, y luego exigieran pagos de entre 5.000 y 10.000 dólares bajo amenazas de muerte.
El titular de la Superintendencia, Fabrizio Peralta Díaz, advirtió que esta filtración vulnera la Ley de Protección de Datos Personales y criticó que la información pública no distinga entre jerarquías, exponiendo innecesariamente a servidores de menor rango. Aunque aún no se ha iniciado una investigación formal, ya que el proceso debe impulsarlo el Ministerio de Salud Pública, Peralta alertó que los casos de extorsión por uso indebido de datos han aumentado en un 81 % en lo que va de 2025 en comparación con 2023.
La entidad recomendó a los médicos afectados ejercer su derecho como titulares de datos, solicitando explicaciones formales al Ministerio de Salud Pública en un plazo de 15 días. Si no reciben respuesta, pueden presentar una denuncia ante la Superintendencia. Además, se propuso modificar el formato de los portales de transparencia, separando los nombres de los montos salariales como medida para proteger la integridad de los empleados públicos sin comprometer el acceso a la información pública.
Este caso se suma a otras alertas relacionadas con el uso irresponsable de datos personales y pone en evidencia la necesidad urgente de revisar la forma en que se publica la información estatal para evitar que sea utilizada por bandas delictivas en actividades como la extorsión o el secuestro.