El asambleísta Joseph Santiago Díaz fue trasladado el martes 22 de julio de 2025 a la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia No.1, en Quito, para enfrentar la audiencia de formulación de cargos. Está siendo procesado por la presunta violación de una niña de 12 años. Según informó la Fiscalía General del Estado, durante la diligencia se presentaron 35 elementos de convicción y se solicitó prisión preventiva, medida que fue acogida por la jueza del caso. También se ordenó la enajenación de bienes, y se estableció un plazo de 60 días para la instrucción fiscal.
El legislador se entregó voluntariamente a las autoridades la tarde del lunes 21 de julio, tras haberse emitido una orden de localización y captura en su contra. Díaz pertenece a la bancada de la Revolución Ciudadana y es investigado por hechos que habrían ocurrido en 2023. La gravedad del caso ha generado una fuerte reacción pública y ha sacudido a su organización política.
Ante el escándalo, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) suspendió el trámite de una reforma sobre la edad de consentimiento sexual que impulsaba el propio Díaz. Esta situación ha generado cuestionamientos éticos e institucionales, dado que el legislador había propuesto modificaciones legales sobre un tema directamente relacionado con la acusación que enfrenta.
El expresidente Rafael Correa, líder del movimiento político al que pertenece Díaz, calificó el hecho como “una vergüenza” y pidió disculpas públicas a la víctima y a su familia. El caso se suma a una serie de controversias que han marcado la agenda de la Asamblea Nacional, reabriendo el debate sobre cómo se gestionan las denuncias de violencia sexual dentro de las instituciones del Estado.