El panorama político ecuatoriano se vio conmocionado por las explosivas acusaciones del empresario Xavier Jordán, quien acusó al legislador de ADN, Ferdinan Álvarez, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, de obstruir una importante investigación sobre un esquema de corrupción multimillonario. En un mensaje de video grabado desde el extranjero, Jordán afirmó haber presentado pruebas importantes que vinculan a Álvarez y a otras figuras con el desfalco de más de $1.600 millones de dólares de contratos de salud pública entre 2020 y 2025. Sus acusaciones se producen en un momento en que el sistema de salud ecuatoriano enfrenta críticas generalizadas por la escasez, el deterioro de la infraestructura y la mala gestión administrativa.
El video de Jordán, ampliamente difundido en plataformas digitales, denunció lo que él describió como un intento deliberado de silenciar su testimonio. Afirmó que la Comisión de Fiscalización había acordado inicialmente escucharlo a distancia, pero posteriormente revocó la decisión sin dar explicaciones. También reveló que intermediarios intentaron disuadirlo de hablar, sugiriendo que la información que posee podría implicar a personas poderosas en fraudes de adquisiciones de alto nivel que involucran hospitales e instalaciones médicas estatales.
El empresario sostuvo que la documentación que envió a las autoridades ecuatorianas y a los medios de comunicación contiene nombres de personas, registros de empresas y detalles de transacciones bancarias vinculadas a la presunta red de corrupción. Afirmó que estos materiales muestran cómo los contratos de medicamentos y equipos financiados por el Estado fueron inflados o desviados a través de empresas fantasma, canalizando las ganancias tanto a funcionarios públicos como a colaboradores privados. Según Jordán, esta red operó durante años con mínima supervisión y causó daños irreparables a los servicios de salud pública.
En respuesta, Ferdinan Álvarez rechazó las acusaciones y defendió la decisión de no permitir la comparecencia virtual de Jordán ante la Comisión. Argumentó que la Comisión exige presencia legal verificada para testimonios sensibles y que Jordán, quien permanece fuera del país y es considerado prófugo por algunas instituciones, no cumple con los estándares legales ni procesales para un testimonio oficial. Álvarez enfatizó que la Asamblea no puede aceptar acusaciones con tintes políticos sin documentación creíble y advirtió contra la conversión de la Comisión en un «escenario político».
Álvarez fue más allá al acusar a Jordán de liderar una campaña coordinada de difamación. Sugirió que actores políticos podrían estar financiando las declaraciones públicas de Jordán e insinuó posibles conexiones con escándalos de corrupción pasados. En entrevistas con medios de comunicación, Álvarez insistió en que la Comisión de Fiscalización continuará investigando las acusaciones de corrupción, pero solo con base en pruebas concretas, no en la presión mediática ni en el espectáculo público.
La controversia se profundiza a medida que expertos legales y políticos debaten si la negativa de la Comisión a escuchar a Jordán a distancia viola sus derechos como denunciante. Si bien la Comisión dejó una vacante en caso de que Jordán regresara a Ecuador, el requisito de testimonio presencial ha sido criticado por ser poco realista dada su situación legal. Los partidarios de Jordán argumentan que negarle la oportunidad de hablar a distancia sienta un precedente peligroso para futuras investigaciones, especialmente cuando el testigo podría enfrentar represalias o barreras legales para regresar a su país.
El equipo legal de Jordán anunció que se prepara para presentar una denuncia formal contra Álvarez por obstrucción a la justicia y abuso de autoridad. Por otro lado, los partidos de oposición liderada por el correísmo en la Asamblea, exigen una revisión independiente de la documentación que Jordán afirma haber presentado. Si las pruebas resultan creíbles, las consecuencias podrían provocar renuncias de altos cargos y profundizar la crisis de confianza en las instituciones públicas ecuatorianas