En una decisión decisiva para cubrir las vacantes del Consejo de la Judicatura, el Presidente Daniel Noboa envía una nueva terna de candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Esta nueva propuesta surge tras el retiro del candidato anterior, Carlos Faustino Falconí, y busca cumplir con el requisito constitucional para el nombramiento de miembros de una de las instituciones jurídicas más poderosas del país.
La lista está ahora encabezada por la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, figura destacada del gabinete de Noboa, reconocida por su experiencia en el sector público y su alineamiento político con el Gobierno. A ella se suman Damián Larco, actual director del Servicio de Rentas Internas (SRI), y María Gabriela Vinueza, exconcejala y asesora técnica con experiencia en transparencia administrativa. Estos tres nombres serán evaluados por el CPCCS, órgano competente para confirmar los nombramientos al Consejo de la Judicatura.
Esta nominación actualizada marca la tercera vez que el Poder Ejecutivo presenta una lista, tras obstáculos legales y políticos que han retrasado la renovación del consejo. El CPCCS confirmó que esta terna es el penúltimo requisito para completar el proceso de nombramiento, quedando pendiente únicamente la nominación de la Corte Nacional de Justicia. El candidato final, una vez presentado, ocupará la presidencia del Consejo de la Judicatura, según lo dispuesto por ley.
La urgencia política de las nominaciones está estrechamente ligada al impulso del Gobierno por la reforma institucional. El presidente Noboa y el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, han señalado la necesidad de reestructurar el Poder Judicial ante el creciente descontento público por las demoras judiciales y las acusaciones de politización. Sus aliados argumentan que la incorporación de funcionarios con una trayectoria ejecutiva probada inyectará profesionalismo y disciplina al sistema, en particular en la lucha contra la corrupción.
Sin embargo, expertos legales y figuras de la oposición expresan su preocupación por la imparcialidad en el nombramiento de funcionarios gubernamentales en activo, especialmente ministros como Núñez y directores como Larco. Los críticos advierten que esto podría desdibujar aún más la separación de poderes y comprometer la autonomía del Consejo. Las organizaciones de la sociedad civil también han solicitado audiencias transparentes y una verificación estricta de la independencia de los candidatos frente a influencias políticas.
A pesar de las críticas, el CPCCS se ha comprometido a seguir todos los pasos del procedimiento, incluyendo un examen público de credenciales, verificación de antecedentes y posibles objeciones ciudadanas o de grupos de vigilancia. Una vez confirmadas todas las listas, el nuevo Consejo enfrentará desafíos inmediatos en gestionar la acumulación de casos disciplinarios, reformar los procedimientos judiciales internos y supervisar los nombramientos en un sistema de justicia que aún lidia con problemas de credibilidad.