El gobierno de Ecuador implementó su reforma administrativa más profunda en años, despidiendo a 5.000 funcionarios públicos y reduciendo el tamaño del poder Ejecutivo. Los cargos públicos se reducen aproximadamente un 41%, con la fusión de Ministerios y la consolidación de Secretarías, lo que marca un importante paso hacia la reestructuración del Estado.
El decreto, emitido la noche del jueves, ordena la reducción de ministerios de 20 a 14, mientras que las Secretarías se reducen de nueve a tres. Estos cambios buscan optimizar las operaciones gubernamentales y alinearse con los objetivos de eficiencia vinculados al acuerdo de crédito de $5.000 millones de dólares de Ecuador con el FMI.
La portavoz Carolina Jaramillo defiende los despidos como resultado de análisis institucionales, más que de motivaciones políticas, alegando que quienes fueron despedidos no cumplieron con los estándares de prestación de servicios. También confirma que el personal esencial, como médicos, enfermeras, docentes, policías, militares y grupos vulnerables, está excluido de los despidos.
Sin embargo, observadores y organizaciones sindicales critican el proceso por su opacidad y arbitrariedad. Múltiples informes revelan que los empleados afectados no recibieron evaluaciones de desempeño previas ni justificación técnica, y muchos se enteraron de su despido con poca o ninguna advertencia. Los representantes sindicales argumentan que los recortes reflejan decisiones discrecionales en lugar de criterios objetivos.
Entre las fusiones más controvertidas se encuentra la unión del Ministerio del Ambiente con el Ministerio de Energía y Minas, una medida que, según los críticos, socava la supervisión ambiental al colocar a los organismos reguladores y regulados bajo la misma autoridad. Otras reasignaciones incluyen el traslado de Cultura y Deportes al Ministerio de Educación, y la fusión del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos con el Ministerio de Gobierno.
Funcionarios gubernamentales prevén lanzar campañas de reclutamiento específicas en los próximos meses, con el objetivo específico de contratar a jóvenes profesionales con nuevas cualificaciones. Jaramillo afirma que el plan no busca reducir costos, sino crear un Estado más ágil con criterios de admisión claros y basados en el mérito. Los paquetes de indemnización por despido, añade, están presupuestados con los fondos existentes.
Los empleados públicos despedidos describen la experiencia como estigmatizante e injusta, y afirman haber sido tildados de ineficientes a pesar de sus historiales laborales impecables. De este modo, aumenta la tensión sobre si la transparencia o la discreción determinarán la futura gobernanza en medio de la presión gubernamental.