La Asamblea Nacional recibió una notificación oficial que confirmó que el legislador Santiago Díaz se encuentra bajo prisión preventiva, vinculado a una investigación penal por una presunta violación a una menor de edad. Desde la denuncia, presentada en junio por el padre de la víctima, Díaz ha estado ausente de todas las actividades parlamentarias.
Ante esta situación, los legisladores aprobaron el 29 de julio una moción para solicitar que Díaz renuncie a su cargo. La propuesta fue impulsada por representantes del oficialismo, quienes consideran que no puede mantenerse en funciones alguien involucrado en un proceso penal tan grave. La curul de Díaz ha estado desocupada desde principios de julio, ya que su suplente no puede asumir mientras él conserve el puesto.
La resolución contó con el respaldo de varias bancadas, incluidas las de Acción Democrática Nacional, Pachakutik, el Partido Social Cristiano y también Revolución Ciudadana, grupo político que decidió expulsarlo al conocerse la denuncia. Pese a su detención, Díaz conserva la investidura de asambleísta, lo que ha generado obstáculos en el funcionamiento legislativo.
Durante la sesión, surgieron enfrentamientos entre bancadas, particularmente entre correístas y oficialistas. Un legislador de Revolución Ciudadana sugirió que existe otro miembro del Parlamento investigado por un caso similar, y pidió que se actúe con imparcialidad y sin protecciones políticas.