Por: Omar Maluk Salem
En una verdadera democracia, los contrapesos son esenciales para evitar los excesos del
poder. Pero cuando quienes gobiernan deciden someter todas las instituciones a su
voluntad, esos contrapesos se convierten en obstáculos a eliminar. La reciente renuncia del
Ministro de Gobierno para buscar el cargo de Fiscal General del Estado no es un acto
inocente ni casual. Es una jugada política que busca asegurar el control absoluto del Estado.
El hecho de que alguien que hasta ayer era el principal operador político del régimen aspire
hoy a ser la cabeza del Ministerio Público representa una alarmante contradicción. Se trata
de quien coordinaba la seguridad interna, gestionaba alianzas y ejercía presión política
desde el corazón del Ejecutivo. ¿Puede ahora ese mismo personaje garantizar una justicia
independiente?
La respuesta cae por su propio peso. Su postulación genera un evidente conflicto ético.
¿Cómo puede investigar con imparcialidad a sus antiguos aliados? ¿Cómo garantizará que
no utilice su nuevo rol para proteger a quienes hoy están en el poder o para perseguir a sus
opositores?
Este intento de copar la Fiscalía forma parte de una estrategia más amplia. La Asamblea
Nacional ya está sometida. El Consejo de Participación Ciudadana ha sido neutralizado. Y la
Corte Constitucional observa en silencio. Solo queda una barrera incómoda: la Fiscalía. Y el
gobierno quiere tomarla también.
Si el país permite que un operador político asuma la Fiscalía, se consagrará la captura
institucional. Lo que debería ser un pilar de justicia se convertirá en una oficina
subordinada. El resultado: impunidad garantizada, persecución disfrazada de legalidad y
una justicia de fachada.
Ecuador no necesita fiscales afines al poder. Necesita funcionarios con coraje,
independencia y compromiso con la verdad. Permitir esta maniobra sería legitimar el
dominio absoluto de quienes hoy gobiernan y enterrar cualquier esperanza de equilibrio
institucional.
La democracia no se entrega en un solo acto, se pierde gota a gota. Y este es un paso más
hacia su desmantelamiento.
La Fiscalía, el nuevo botín: cuando el poder no reconoce límites
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