El 31 de julio de 2025, varias organizaciones de empleados públicos presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra la nueva Ley de Transparencia Administrativa. En su solicitud, piden que se suspendan tres puntos clave de la ley como medida cautelar, hasta que la Corte se pronuncie sobre su legalidad.
Armijos, representante juridico de la Confederación Nacional de Empleados Públicos del Ecuador (Conasep), explicó las tres disposiciones de la ley que solicitan se suspendan temporalmente, argumentando que representan un riesgo para los derechos de los trabajadores: Primero, la obligación de los empleados que hayan sido desvinculados por la eliminación de partidas a devolver la indemnización recibida, como requisito para reincorporarse al sector público.
En segundo lugar, la eliminación de la temporalidad en los contratos de los empleados ocasionales, lo que podría permitirles permanecer en su puesto de forma indefinida sin estabilidad.
Por último, la eliminación del derecho adquirido por los servidores públicos de carrera, que les otorgaba estabilidad laboral y prioridad para cubrir vacantes en caso de reducción de puestos.
Pérez destacó que los despidos de miles de empleados públicos son una muestra de que esta legislación ya está generando efectos negativos. «Se corre el riesgo que por los compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se llegue a los 75.000 despidos» asi lo expreso .
Tambien aclaró que las medidas cautelares solicitadas no son un juicio anticipado sobre la ley, sino una protección ante una amenaza que ya está ocurriendo. «Es importante que se suspendan porque la amenaza es grave e inminente».
Asimismo, aclararon que no están pidiendo la inconstitucionalidad total de la ley. De hecho, consideran que algunas de sus disposiciones son compatibles con la Constitución.
Los empleados públicos han convocado una protesta frente a la Corte Constitucional para el 7 de agosto, en rechazo tanto a los despidos recientes como a los efectos de la Ley de Transparencia Administrativa.
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