El 08 de noviembre, la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria (JPRFM) definió el marco regulatorio para que las personas y negocios, cuyos ingresos, actividad económica o capacidad de pago se hayan visto afectados por el fenómeno de El Niño, puedan acceder al diferimiento de hasta 90 días de las cuotas por vencer de sus créditos, en bancos públicos y privados, cooperativas y mutualistas.
En el comunicado del Banco Central del Ecuador (BCE) se menciona que la norma cumple con lo establecido en el Decreto Ejecutivo 529, del 05 de noviembre de 2026, que dispuso a la Junta emitir los lineamientos para su debida aplicación.
Se explicó que cada cliente podrá usar este beneficio una vez en cada entidad, para una o varias operaciones de crédito, y que durante este período no se cobrarán intereses ordinarios sobre las cuotas diferidas.
“Adicionalmente, el diferimiento no generará intereses moratorios, gastos, recargos, multas, costos legales ni tarifas”, dijo El BCE, tras acotar que las cuotas aplazadas se trasladarán al final del cronograma de pagos.
La entidad manifestó que el diferimiento no será automático, ya que existen dos alternativas que pueden realizarse desde la entrada en vigor de la resolución aprobada por la JPRFM.
“El cliente podrá solicitarlo a la entidad financiera, para lo cual se requiere la aceptación de esta última; la entidad también podrá ofrecer este mecanismo a un cliente afectado, pero siempre será necesaria su aceptación expresa y por escrito, incluso a través de medios electrónicos”, señaló.
Se aclaró que este mecanismo no significa la condonación de la deuda. Antes de aceptar, el cliente deberá recibir información clara sobre cómo quedarán sus pagos y la nueva tabla de amortización.
Los créditos mantendrán su calificación y las cuotas aplazadas no se considerarán vencidas. Asimismo, las entidades financieras no podrán reducir las provisiones constituidas sobre estas operaciones como consecuencia del diferimiento.
Durante el primer trimestre de 2027, la JPRFM evaluará la continuidad de la medida con base en la evolución de las condiciones que motivaron su implementación y la información proporcionada por las autoridades competentes.
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