La polémica en la Asamblea Nacional estalla nuevamente, tras conocerse que la asambleísta de ADN, Camila León Cueva, de 20 años, fue denunciada penalmente en mayo de 2024 en la Fiscalía de Azuay, por el delito de estafa. La denuncia se presentó mientras se desempeñaba como Coordinadora Zonal 6 del Ministerio de Inclusión Económica y Social, lo que generó inquietud sobre su anterior función en la gestión de recursos estatales.
Los registros también muestran que, a principios de 2024, como Directora de Juventudes del MIES, León declaró bienes por un valor de poco más de $8.935; y que a mediados de 2025, su declaración patrimonial ascendía a aproximadamente $30.164, un aumento de más del 230 % en dieciocho meses. El fuerte aumento del patrimonio ha intensificado las demandas de transparencia.
Su repentina prominencia en redes sociales, derivada de los videos virales de sus comentarios sarcásticos en la Asamblea, no hizo más que aumentar el interés público en sus antecedentes. Sus opositores han cuestionado su falta de título registrado en la Senescyt, a pesar de sus importantes cargos y su liderazgo en la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales.
Las acusaciones de fraude, junto con ganancias financieras inexplicables y un controvertido ascenso dentro del movimiento oficialista ADN, generaron un acalorado debate sobre su idoneidad para el cargo. Muchos observadores exigen una aclaración inmediata y el debido proceso.
La presión pública sobre las autoridades investigadoras aumenta para que examinen el caso a fondo, ya que por un lado esta quienes apoyan la propuesta, argumentando que las acusaciones deben abordarse sin sesgo, mientras que quienes se oponen afirman que revelan problemas más profundos de clientelismo político y rendición de cuentas.
Como presidenta de la Comisión de Biodiversidad, León tiene influencia sobre importantes proyectos de ley, lo que, según los críticos, agrava las acusaciones. Expertos legales enfatizan la necesidad de una revisión judicial imparcial para evitar cualquier percepción de impunidad.
La controversia representa una prueba importante para la ética política en Ecuador, especialmente en lo que respecta a los nuevos líderes juveniles. La respuesta actual de la Fiscalía y de la propia León podría sentar un precedente para el manejo de futuros casos de integridad pública.