La Asamblea Nacional de Ecuador ha lanzado oficialmente los procedimientos de juicio político contra Gonzalo Albán Molestina, un miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). El Consejo de Administración Legislativa (CAL) aprobó por unanimidad la moción, presentada por el partido gobernante ADN, citando que Albán violó la ley al tener afiliación política dentro de los cinco años previos a su nombramiento, algo explícitamente prohibido bajo la Constitución.
En una rápida sesión de 16 minutos, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea dio por iniciado el juicio político sin un gran debate. La moción, dirigida por el legislador Keevin Gallardo, obtuvo el apoyo de ADN y algunos miembros de Pachakutik, mientras que tres miembros de la Revolución Ciudadana se abstuvieron. Gallardo acusa a Albán de «incumplimiento de deberes» como funcionario público, señalando su supuesta inelegibilidad debido a los vínculos políticos pasados.
Albán, sin embargo, argumenta que la acusación es infundada y motivada políticamente. Afirma que el Tribunal Contencioso Electoral ya procedió a su favor durante el proceso de selección del CPCCS, desestimando reclamos previos de afiliación política. Llamó a la acusación «un intento crudo de presión» contra una institución que debería permanecer independiente.
Ahora que el proceso ha sido puesto en marcha, tanto Albán como sus acusadores tienen 15 días para presentar evidencia. La comisión emitirá un informe que recomienda continuar con el juicio político o desestimar el caso. El resultado podría cambiar el equilibrio de poder dentro del CPCCS, que actualmente supervisa los nombramientos de puestos judiciales y de supervisión fundamentales.
La acusación se produce en un momento crítico, con los consejeros gestionando concursos públicos para los próximos miembros del Consejo de la Judicatura y el nombramiento del nuevo Fiscal General. La oposición advierte que la medida podría estar dirigida a socavar la autoridad del Consejo y remodelar su alineación política.
Albán asumió el cargo en enero de 2025, reemplazando al expulsado Augusto Verduga. Como el último miembro suplente disponible, su remoción plantea incertidumbre sobre quién llenaría el asiento, una pregunta que puede requerir interpretación legal o una mayor negociación política.
Los grupos de la sociedad civil y los legisladores de la oposición están planteando preocupaciones sobre la velocidad y la aparente motivación política detrás del proceso. Advierten que socavar la independencia institucional a través de juicios politizados podría tener consecuencias duraderas para la estabilidad democrática de Ecuador.