Las presuntas amenazas contra la Corte Constitucional se produjeron luego de que esta suspendiera temporalmente varios artículos de las leyes de Inteligencia, Solidaridad e Integridad Pública.
Las críticas del Gobierno y de la Asamblea a esa decisión generaron reacciones de organismos internacionales.
Human Rights Watch, por medio de su directora Juanita Goebertus, rechazó los «ataques» dirigidos a la Corte desde el Ministerio de Gobierno y la Asamblea Nacional. «Rechazamos los ataques a la Corte Constitucional por suspender normas que amenazan derechos», escribió en X.
Goebertus también difundió un video donde la ministra Zaida Rovira y el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, acusan al tribunal de «arrebatar a los ecuatorianos el respaldo que tanto habían esperado».
La relatora especial de la ONU, Margaret Satterthwaite, también expresó su preocupación por las amenazas. «La Corte Constitucional ha sido amenazada por otros poderes del Estado tras suspender provisionalmente varios artículos de tres leyes aprobadas bajo la justificación de urgencia económica y seguridad nacional», indicó el 6 de agosto de 2025.
Incluso señaló que «una ministra de Gobierno parece haber acusado a la Corte de socavar la democracia y empoderar a grupos criminales», aludiendo a las declaraciones de Rovira.
Satterthwaite también criticó la propuesta de referéndum que busca permitir el juicio político a jueces constitucionales. La pregunta seis de la consulta popular promovida por el presidente Daniel Noboa plantea: ¿Está usted de acuerdo con que los jueces de la Corte Constitucional sean también considerados como autoridades sujetas a juicio político, enmendando la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?
La relatora enfatizó que, conforme al derecho internacional y los estándares de derechos humanos, los jueces deben estar libres de presiones políticas o represalias.
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