Este 8 de agosto, Petroecuador anunció el despido de 936 empleados como parte de un proceso de reestructuración que comenzó en junio y que busca optimizar las operaciones de la empresa estatal. El Gobierno afirma que la medida generará un ahorro anual de aproximadamente $31 millones, que se reinvertirán en proyectos estratégicos y tecnológicos para fortalecer el sector energético del país.
La decisión se tomó sin previo aviso, y afecta tanto a funcionarios públicos como a trabajadores contratados bajo el Código de Trabajo. Petroecuador justificó los despidos alegando que los salarios de los empleados estaban «sobrevalorados» en comparación con el mercado y las funciones desempeñadas, según un «análisis técnico exhaustivo».
Sin embargo, sindicatos como la Asociación Nacional de Trabajadores de Energía y Petróleo (ANTEP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Petroecuador (SINTEP) han cuestionado la justificación del Gobierno, afirmando que los despidos perjudicarán áreas operativas esenciales como el transporte, la comercialización de petróleo, la perforación, la geología y la refinación. Acusan al Gobierno de intentar desmantelar la empresa pública para facilitar su privatización.
Además, los sindicatos enfatizan que la alegación de salarios «sobrevalorados» es infundada, considerando que los empleados afectados desempeñan funciones técnicas especializadas esenciales para las operaciones de Petroecuador. Afirman que la medida no estuvo precedida de evaluaciones objetivas ni de transparencia, y que muchos de los despedidos contaban con un historial profesional ejemplar.
El gobierno de Daniel Noboa, por su parte, defiende la reestructuración como necesaria para modernizar el Estado y reducir el gasto público, en línea con los compromisos adquiridos con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, la falta de transparencia y la abrupta implementación de las medidas han generado críticas tanto de sectores laborales como de analistas políticos, quienes cuestionan la verdadera motivación detrás de los despidos y temen que formen parte de un proceso de privatización encubierto.
Los trabajadores despedidos enfrentan incertidumbre sobre su futuro profesional y su estabilidad económica, en medio de una creciente tensión social y política en el país. La situación sigue evolucionando y se esperan nuevas manifestaciones y negociaciones en los próximos días, mientras la sociedad y los observadores internacionales esperan una respuesta más clara y transparente del Gobierno sobre sus intenciones y acciones en el sector público.