Las 20 organizaciones sociales que participaron en una convención nacional anunciaron también su rechazo a la consulta popular prevista para finales de 2025.
El sábado 16 de agosto, en la Casa del Maestro, sede de la Unión Nacional de Educadores, durante la Convención Nacional del Frente en Defensa de la Salud, Educación Pública, Trabajo Digno y Seguridad Social, 20 organizaciones sociales resolvieron convocar a una jornada nacional de movilización el 11 de septiembre de 2025.
Edwin Bedoya, presidente del Frente Unitario de Trabajadores, señaló que la decisión responde a la emisión de leyes urgentes por parte del presidente Daniel Noboa, como la Ley de Integridad Pública, que establece mayor control sobre los servidores públicos, además del anuncio de 5.000 despidos en el sector público.
Entre las resoluciones principales se encuentran:
- Exigir declaratorias de emergencia en salud y educación.
- Realizar plantones en la Corte Constitucional el 25 de agosto por la Ley de Solidaridad y el 27 de agosto por la Ley de Integridad Pública.
- Convocar a un congreso de afiliados, jubilados y pensionistas en Guayaquil en octubre de 2025.
- Rechazar la Ley de Fundaciones y la fusión del Ministerio de Energía.
- Solicitar cárcel para los involucrados en el caso Progen ante la comisión anticorrupción.
- Rechazar de manera total la consulta popular de fin de año.
En la convención participaron la federación médica, servidores judiciales, trabajadores eléctricos, centrales sindicales y campesinos, quienes definieron una hoja de ruta para acciones conjuntas.
“Tomaremos las acciones necesarias para revertir este tipo de leyes, iremos a la Corte Constitucional”, afirmó Bedoya en declaraciones a los medios.
Por su parte, Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores, explicó que el plantón del 25 de agosto en la Corte Constitucional corresponde a la audiencia sobre la Ley de Solidaridad, que mantiene suspendidos los artículos 6, 9, 13 y 14.
Finalmente y de igual manera, el plantón del 27 de agosto será por la audiencia sobre la Ley de Integridad Pública, que suspendió la disposición transitoria décimo primera