La Ley Orgánica de la Función Legislativa establece un plazo de 90 días para que, tras asumir la Presidencia, el mandatario entregue la Proforma del Presupuesto General del Estado. En el caso de Daniel Noboa, ese plazo concluye el 24 de agosto de 2025.
El presidente Daniel Noboa debe presentar hasta el 24 de agosto de 2025 a la Asamblea Nacional una proforma del Presupuesto General del Estado (PGE) correspondiente a lo que resta de 2025.
El Presupuesto General del Estado refleja los ingresos que percibe el Gobierno Central, como recaudación de impuestos, tasas, venta de petróleo y desembolsos de créditos. También incluye los gastos que debe cubrir, por ejemplo, en salud, educación, seguridad y servicio de la deuda. Este documento es elaborado por el Ministerio de Finanzas, actualmente dirigido por Sariha Moya.
¿Por qué se presenta recién ahora? Esto se debe a que 2025 fue un año electoral, por lo que el Gobierno de Noboa ha trabajado con una «proforma prorrogada»; es decir, un presupuesto basado en los mismos valores del ejercicio fiscal 2024.
Por ejemplo, el Presupuesto 2024 contemplaba gastos por USD 23.088 millones e ingresos por USD 25.621 millones, sin considerar el endeudamiento.
Sin embargo, tras la reelección de Noboa el 13 de abril de 2025 y su posesión el 24 de mayo, la normativa da 90 días al Ejecutivo para entregar la proforma con los ajustes necesarios para lo que queda del año.
Así, el Ministerio de Finanzas debe enviar el documento a la Asamblea Nacional hasta el 24 de agosto de 2025, fecha en que vence el plazo legal para que esta lo apruebe o lo rechace.
A estas alturas, el Ministerio puede presentar cifras más acordes a la situación económica actual, ya que ha transcurrido más de medio año.
Por ejemplo, el presupuesto prorrogado incluía ingresos por la concesión del campo petrolero Sacha, que no se concretó. En contraste, no contemplaba los nuevos recursos que recibirá el país por la tasa minera, ni los gastos adicionales del programa Jóvenes en Acción.
Además, la proforma prorrogada preveía una emisión de bonos de deuda por USD 1.500 millones, que finalmente no se realizará este año. En su lugar, la nueva proforma deberá incorporar los recursos provenientes del incremento en el crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI).
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