Un conflicto entre la población local y las fuerzas de seguridad se intensificó esta mañana en las parroquia Palo Quemado y Las Pampas del cantón Sigchos, provincia de Cotopaxi. Fuerzas policiales y militares irrumpieron violentamente en la zona para despejar el terreno para el controvertido proyecto minero «La Plata» de la empresa canadiense Atico Mining. Esta acción ocurre antes de la consulta ambiental prevista, que busca allanar el camino para el proyecto. Las autoridades justificaron la operación con la necesidad de mantener el orden público y garantizar la implementación del proyecto.
La población local, con el apoyo de diversas organizaciones sociales, lleva meses protestando contra el proyecto minero. Temen graves daños ambientales y la vulneración de sus derechos. En semanas anteriores ya se han producido enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Organizaciones de derechos humanos critican el uso desproporcionado de las fuerzas militares y policiales, calificándolo de intento de silenciar a la población.
La consulta ambiental, se pospuso debido a las tensiones y la situación de seguridad. El Gobierno insiste en que la consulta continuará tan pronto como la situación lo permita. La oposición, el Frente Nacional Antiminero, y el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, acusan al Gobierno de usar el aplazamiento como pretexto para seguir oprimiendo a la población.
Las organizaciones internacionales, incluida la ONU, han enfatizado repetidamente la importancia de respetar los derechos humanos y las normas ambientales. Exigen al Gobierno ecuatoriano que respete los derechos de las comunidades afectadas y garantice procesos de consulta transparentes.
La empresa canadiense Atico Mining aún no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones, sin embargo, se espera que responda en los próximos días. Mientras tanto, varios analistas expertos en la problemática, creen que la atención internacional presionará a la empresa y al Gobierno.
La situación en Sigchos sigue siendo tensa, por lo que las organizaciones locales han convocado nuevas protestas para visibilizar las quejas y presionar al Gobierno para que tome medidas. Se prevé que los próximos días sean determinantes para el desarrollo del conflicto.