La facción de Pachakutik, cercana al gobierno de Daniel Noboa, volvió a mostrar divisiones durante la votación en la Asamblea de Ecuador. El PSC afirmó que con las modificaciones recientes en el informe, la ley constituye una ‘metida de mano’ a los recursos del IESS.
La Asamblea Nacional se reunió el 26 de agosto para discutir y votar el informe de segundo y definitivo debate del proyecto de Ley de Transparencia Social, enviado por el presidente Daniel Noboa como un asunto económico urgente.
Después de poco más de dos horas de debate en el Pleno, la ley fue aprobada con 78 votos, respaldada por la bancada de ADN y sus aliados.
La propuesta llegó al Pleno en medio de críticas de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), que afirmó que la iniciativa busca vigilar y controlar a fundaciones y organizaciones de la sociedad civil.
A estas objeciones se sumó el Partido Social Cristiano (PSC), que advirtió que si el proyecto se votaba en bloque, se pronunciarían en contra.
El asambleísta del PSC, Alfredo Serrano, señaló que se están creando dos nuevos impuestos. «Se castiga con un impuesto a las empresas que deciden reinvertir sus utilidades para hacer crecer los negocios, esto es absurdo y abusivo», expresó.
Por su parte, la legisladora de Acción Democrática Nacional (ADN), Mishel Mancheno, negó que se introduzcan nuevos tributos y justificó la obligatoriedad de que las empresas paguen un impuesto sobre sus dividendos.
«Las empresas han pagado el Impuesto a la Renta sobre sus dividendos siempre. Lo que se hace ahora es obligarlas a pagar, porque muchas retienen los dividendos sin repartir ni invertir ni pagar impuestos, afectando la economía del país», explicó Mancheno.
La bancada de ADN sostiene que la propuesta busca combatir el lavado de activos y prevenir la infiltración del crimen organizado en fundaciones y ONG.
‘Metida de mano’ al IESS
El asambleísta del PSC, Alfredo Serrano, durante el debate del Pleno del 26 de agosto de 2025. Liliana Durán, de la Revolución Ciudadana, aseguró que el proyecto, tal como estaba redactado, busca perseguir a líderes sociales y activistas, incluso revelar información privada.
Además, calificó la propuesta como una nueva ‘Ley Trole’, debido a que el informe de segundo debate incluyó reformas a la Ley de Minería, al mecanismo de liquidación de Empresas Públicas y otros aspectos no relacionados con la iniciativa central.
Serrano lamentó que se vuelva costumbre en la Asamblea que el texto presentado en primer debate sufra cambios significativos para el segundo debate.
El legislador socialcristiano alertó sobre una reforma incluida en las disposiciones transitorias del proyecto de ley que afectaría directamente al IESS.
Se refiere a la transitoria sexta, que establece que el IESS «no podrá cobrar multas o recargos a las instituciones del Estado o empresas públicas que reciban como pasivos los pagos de aportes, fondos de reserva y demás correspondientes a trabajadores, empleados o servidores públicos de instituciones del Estado cuya personería jurídica se elimine o pierda por liquidación».
Agregó: «Esta disposición incluye obligaciones de capital adeudado, intereses y demás recargos legales aplicables».
Serrano recordó que la Constitución establece que los recursos de la Seguridad Social son propios y separados del fisco, por lo que «ninguna institución del Estado podrá intervenir y disponer de sus fondos o reservas ni menoscabar su patrimonio».
«Este artículo es inconstitucional y no se soluciona con marchas contra la Corte Constitucional. No le metan la mano a los recursos de los afiliados», advirtió Serrano.
Otra votación exitosa de ADN
Después de varias intervenciones, la legisladora Mancheno, ponente del proyecto elaborado por la Comisión de Desarrollo Económico, propuso que se vote el texto completo y no como planteaban algunos grupos políticos.
En primera instancia, la propuesta fue aprobada con 78 votos, incluyendo el de la legisladora alterna Nanki Lauro, Saant Juank, de la Revolución Ciudadana.
El correísmo alegó un error de Ruby Quezada y solicitó la rectificación de la votación. En el segundo intento, el proyecto volvió a obtener 78 votos, sumando el de una asambleísta de ADN que inicialmente se había abstenido por equivocación.
Fuente: cortesía