La opinión pública y prensa nacional, comenzaron a advertir que miles de ciudadanos que participaron como miembros de mesa en las elecciones generales celebradas en febrero y abril, aún no habían recibido la compensación económica prometida, lo que genera preocupación tanto entre los afectados como en el ámbito político. El asunto cobró rápidamente relevancia, ya que el pago se considera un derecho fundamental para quienes desempeñan funciones electorales obligatorias.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) aclaró que el retraso no se debe a su gestión directa, sino a la falta de liberación de fondos por parte del Ministerio de Finanzas. Solo después de la transferencia de los fondos será posible establecer un calendario oficial de pagos, declaró la institución, en un intento por desviar las crecientes críticas.
La situación se vuelve aún más preocupante cuando los periodistas recordaron que en procesos electorales anteriores se habían registrado retrasos de hasta siete meses en el pago de estos montos. Este historial negativo ha reforzado la desconfianza entre los miembros de la junta directiva, muchos de los cuales temen que el mismo retraso se repita en 2025.
Según las guías publicadas por el CNE y reportadas en la prensa, la forma tradicional de pago sigue siendo presencial en las sucursales del Banco del Pacífico, únicamente con la cédula de ciudadanía, sin necesidad de formularios adicionales. Sin embargo, en ocasiones anteriores, también se ha implementado una plataforma digital para consulta y registro, pero esta suele estar habilitada semanas o meses después del proceso electoral.
En la propia dirección del CNE, la falta de avances concretos en el calendario y la presión pública han comenzado a generar inquietud. Algunos miembros de la junta temen que el retraso socave aún más la credibilidad de la institución, que ya enfrenta constantes cuestionamientos sobre su eficiencia y transparencia.
Al mismo tiempo, crece la presión pública para que el Ministerio de Finanzas actúe con rapidez. Organizaciones de la sociedad civil y analistas políticos abogan por que la compensación se entregue en agosto, evitando así una mayor presión sobre el CNE y el Gobierno central. Con cada día que pasa sin respuesta, crece la frustración entre los miembros de las mesas electorales, reflejada en redes sociales y medios de comunicación locales.
El escenario del 26 de agosto, por lo tanto, apunta a un punto crítico, pues si el Ministerio de Finanzas libera los fondos en los próximos días, la CNE podrá iniciar los pagos de inmediato, primero a través de sucursales bancarias y luego electrónicamente. De lo contrario, la crisis institucional podría agravarse, poniendo de manifiesto el delicado equilibrio entre la responsabilidad administrativa y el respeto al compromiso con la ciudadanía que participó en el proceso electoral.
Cabe recalcar que los miembros de la juntas receptoras del voto, deben recibir $40 si participaron en las dos vueltas electorales.