La Sierra ecuatoriana cerró agosto bajo un clima de violencia que mantiene en alerta a las autoridades y a la población. Tanto en Quito como en Loja se registraron crímenes que reflejan el avance de estructuras criminales en territorios que antes eran considerados menos expuestos a este nivel de inseguridad. El aumento de homicidios, asaltos armados y ataques a plena luz del día ha encendido las alarmas sobre la falta de control estatal y la expansión de disputas entre bandas que ahora golpean con fuerza a las principales ciudades serranas.
En Loja, el 28 de agosto, dos hombres fueron acribillados en pleno centro de la ciudad, en las calles Bolívar y José Antonio Eguiguren. Los sicarios, que se movilizaban en motocicleta, dispararon en repetidas ocasiones contra las víctimas, dejando la escena cubierta de sangre frente a comerciantes y transeúntes. Este hecho elevó a más de 25 las muertes violentas en la provincia en lo que va del 2025, una cifra inédita para una jurisdicción históricamente reconocida por su tranquilidad. Investigadores relacionan estos crímenes con ajustes de cuentas por narcotráfico y disputas de territorio en corredores fronterizos.
Quito tampoco escapó a esta espiral. El 30 de agosto, en Cotocollao, al norte de la capital, un joven de 26 años perdió la vida luego de recibir disparos de dos policías tras un confuso incidente de tránsito. Los hechos fueron grabados por moradores y difundidos en redes sociales, provocando indignación nacional y el inicio de un proceso judicial contra los uniformados. Apenas un día después, el 31 de agosto, un asalto dentro de un bus urbano en el sur de la ciudad terminó con un pasajero muerto, evidenciando que la violencia ya no se limita a disputas entre bandas, sino que también alcanza a la ciudadanía común en su vida cotidiana.
Ese mismo fin de semana, otro ataque armado se produjo en una discoteca del sur de Quito, donde un grupo de hombres armados abrió fuego contra quienes se encontraban en el local. El saldo fue de al menos un muerto y varios heridos, lo que generó pánico en los asistentes y obligó a un fuerte despliegue policial. Los ataques en sitios públicos de diversión confirman que las estructuras criminales no tienen reparos en extender su violencia a espacios concurridos, multiplicando el miedo en barrios ya golpeados por la inseguridad.
Mientras tanto, la tensión también se trasladó a las cárceles de Loja, donde se reportaron internos hallados sin vida en fechas recientes. Aunque las autoridades han insistido en que se trató de muertes naturales, familiares de los reclusos y organizaciones locales cuestionan las versiones oficiales, asegurando que la violencia carcelaria está directamente conectada con el incremento de homicidios en las calles. Los casos siguen bajo investigación, pero la percepción ciudadana es de desconfianza y abandono estatal.
Analistas coinciden en que tanto Quito como Loja reflejan el mismo fenómeno, con un Estado debilitado frente al poder del crimen organizado. Los asesinatos a plena luz del día, los ataques en buses y discotecas, y la irrupción de sicarios en centros urbanos marcan un deterioro profundo de la seguridad en la Sierra, que hasta hace pocos años se mantenía fuera del foco de la violencia extrema. Con más de 46 muertes violentas por cada 100 mil habitantes en el país, Ecuador se posiciona entre los más violentos del mundo, y las provincias serranas comienzan a sentir en carne propia la crudeza de esa estadística.
En contraste con la violencia registrada en Loja y Quito, Cuenca se mantiene como un referente de seguridad en la región andina. Pese a incidentes aislados en la cárcel de Turi, la capital azuaya conserva uno de los índices de criminalidad más bajos del país y es reconocida como una de las ciudades más seguras de América Latina. Expertos atribuyen este escenario al fuerte tejido comunitario, la cooperación ciudadana con las autoridades y la estabilidad de su vida urbana, factores que han permitido sostener la tranquilidad en medio de la crisis de violencia que golpea al resto del país.