La empresa Tenaris Siat, filial del grupo industrial Techint, anunció el despido de 150 trabajadores de su planta ubicada en Valentín Alsina, en el municipio de Lanús, provincia de Buenos Aires.
Tras conocerse la decisión, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) convocó a asambleas extraordinarias para definir medidas de protesta en defensa de los puestos de trabajo y exigir una respuesta de la empresa.
La planta afectada se encuentra en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), una de las regiones donde el sector industrial ha enfrentado una fuerte desaceleración en los últimos meses, en medio de las políticas económicas implementadas por el Gobierno del presidente Javier Milei.
El anuncio se suma a un contexto de incertidumbre laboral que afecta a distintos sectores productivos del país y ha generado un incremento de las manifestaciones sindicales y reclamos por la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.
Crece la conflictividad social
En paralelo, la provincia de Santa Cruz atraviesa un escenario de creciente tensión social. Lo que comenzó como una serie de reclamos salariales en el sector público evolucionó hacia un conflicto de mayor alcance que reúne a diversos gremios en demanda de mejoras laborales y recomposición de ingresos.
Las protestas frente a la Casa de Gobierno provincial se han vuelto frecuentes, con movilizaciones que afectan la circulación en distintos puntos de la capital.
Actualmente, las medidas de fuerza involucran a trabajadores de la educación, la salud, la administración pública y, de manera inusual, también a efectivos de la Policía provincial.
Los distintos sectores exigen una actualización salarial que les permita recuperar parte del poder adquisitivo perdido. Según las organizaciones sindicales, algunos trabajadores no han recibido incrementos en sus remuneraciones desde septiembre del año pasado.
Mientras tanto, el aumento sostenido en los precios de alimentos, alquileres, combustibles, medicamentos y servicios básicos continúa impactando en la economía de los hogares. A este panorama se suma el anuncio del Gobierno de nuevas alzas en las tarifas reguladas a partir de julio, una medida que podría intensificar las protestas y el malestar social en distintas regiones del país.