El proceso judicial que enfrenta a la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y Progen Industries en la Corte del Distrito Medio de Florida ha tomado un nuevo rumbo. Lo que inicialmente se presentó como una demanda relacionada con un presunto fraude de USD 110 millones en contratos suscritos durante la emergencia eléctrica de 2024, ahora incorpora acusaciones sobre supuestas prácticas de intimidación y afectaciones comerciales.
Uno de los elementos centrales de esta nueva etapa del litigio es un correo electrónico enviado el 18 de marzo de 2026 por Daniel Pulecio-Boek, abogado principal de Celec y socio de la firma Greenberg Traurig. El mensaje fue dirigido a Edgar Manrique, identificado previamente por Astrobryxa S.A. como testigo dentro del proceso.
De acuerdo con los documentos presentados por la contratista ecuatoriana, el correo advertía que la estatal analizaba posibles acciones legales por presuntas transferencias fraudulentas contra cualquier persona que hubiera recibido recursos vinculados al supuesto fraude investigado, señalando además que la cooperación del destinatario sería considerada durante el desarrollo del caso.
Astrobryxa sostiene que dicho mensaje trascendió una solicitud formal de información y constituyó una estrategia de presión dirigida a testigos y socios comerciales. Según la empresa, la comunicación buscaba generar temor entre quienes mantenían vínculos con los proyectos El Salitral y Quevedo, insinuando que podrían enfrentar acciones judiciales si no colaboraban con la defensa de Celec.
La reconvención presentada por Astrobryxa también señala que estas actuaciones habrían tenido consecuencias económicas significativas. La empresa asegura que perdió un contrato valorado en aproximadamente 19,4 millones de euros con una compañía española para la remodelación de 52 propiedades, luego de que la firma europea conociera la cobertura mediática del caso y las advertencias legales emitidas por Celec.
Según consta en el expediente judicial presentado el 16 de junio de 2026, la empresa española decidió rescindir el acuerdo debido a la repercusión negativa generada por las publicaciones sobre el litigio y el contenido del correo electrónico, situación que Astrobryxa califica como parte de una campaña de difamación que afectó gravemente sus relaciones comerciales.