El reciente traslado de los comandos de élite Iwia, denominados los «demonios de la selva», hacia las provincias de la Costa ecuatoriana ha sido expuesto por el Gobierno como un avance crucial dentro de su «ofensiva total» contra el crimen organizado.
No obstante, expertos como el general en servicio pasivo Luis Altamirano y el investigador Renato Rivera cuestionan si esta movilización obedece a una estrategia táctica real o si forma parte de una narrativa política orientada a sostener la imagen del régimen.
Esta movilización, respaldada por el Decreto Ejecutivo 423, dispone el despliegue de 13.000 efectivos militares distribuidos en las provincias de Guayas (5.000), Los Ríos (3.000), Manabí (3.000) y El Oro (2.000).
Entre este contingente destacan 145 soldados Iwias, combatientes indígenas de las nacionalidades shuar y achuar de Pastaza, cuya rigurosa preparación se enfoca exclusivamente en operaciones tácticas y supervivencia en entornos selváticos extremos. Su inserción en zonas urbanas complejas como Guayaquil y Durán para efectuar patrullajes y control de armas ha abierto un profundo debate sobre la idoneidad de emplear tropas de selva en tareas de seguridad ciudadana.
La seguridad como eje del discurso gubernamental
Para el general Luis Altamirano, excomandante general del Ejército, el uso de estas unidades especiales busca apuntalar la seguridad como el eje central del discurso del Gobierno.
Altamirano sostiene que, ante la escasez de resultados tangibles —con índices de homicidios que posicionan al 2026 como el año más violento en la historia del país—, el Ejecutivo recurre a una «himnocracia», es decir, a la edificación de narrativas emocionales que distorsionan la evaluación objetiva de la realidad por parte de la ciudadanía.
Asimismo, el exjefe militar manifestó su preocupación por la progresiva «policialización» de las Fuerzas Armadas. Advierte que utilizar a soldados con un alto nivel de especialización como agentes policiales comunes, sin el entrenamiento, las herramientas ni la inteligencia requerida para el ámbito urbano, genera un desgaste institucional severo.
El peligro de desamparar la Amazonía
Por su parte, el investigador Renato Rivera concuerda en que la medida posee un fuerte componente político y comunicacional, pero añade una alerta sobre el impacto social y geográfico de la decisión.
El punto más crítico señalado por Rivera es el desabastecimiento de seguridad en los territorios de origen de estos comandos. Al retirar a las tropas de la región amazónica, se desprotegen áreas vulnerables, lo que incrementa el riesgo de expansión de actividades delictivas como la minería ilegal.
Rivera concluye que suspender los patrullajes en las comunidades indígenas —principales afectadas por la explotación ilegal de recursos— acarrea graves consecuencias para la soberanía y el control territorial de la Amazonía.