Un preocupante nivel de ausentismo y falta de prevención se registra en las administraciones locales de Ecuador frente a las amenazas climáticas que se avecinan. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) informó este lunes que, tras vencerse el plazo oficial de 30 días fijado por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, solo 161 de los 246 Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) provinciales y cantonales obligados presentaron sus planes de acción preventivos ante la posible ocurrencia del evento El Niño.
La disposición, emitida originalmente el pasado 22 de mayo de 2026, establecía la entrega obligatoria de este instrumento de planificación técnica para mitigar el impacto del fenómeno natural. De acuerdo con el desglose del informe oficial, la secretaría receptó un total de 150 planes correspondientes a GAD cantonales y apenas 11 planes provenientes de los GAD provinciales, cifra que incluye en su interior al Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos.
El reporte detalla que la gran mayoría de las autoridades locales esperó hasta el último momento para remitir la documentación técnica exigida. Entre los días 22 y 23 de junio se concentró la recepción de 126 planes, lo que equivale al 78,3% de la totalidad de los documentos entregados en el proceso. La jornada del 23 de junio, fecha límite del cronograma establecido por la SNGR, reportó el pico más alto de actividad con el ingreso de 110 planes en un solo día.
Por otro lado, la contraparte de la cifra despierta una profunda preocupación en materia de seguridad ciudadana, debido a que 85 gobiernos locales se mantuvieron al margen de la ley e incumplieron la entrega de las directrices de prevención. Desde la SNGR se enfatizó de manera enérgica que esta omisión no representa únicamente la desobediencia a una resolución oficial del COE Nacional, sino también una grave falta de responsabilidad de los alcaldes y prefectos con sus propias comunidades ante una amenaza advertida con antelación.
Los planes de acción constituyen la herramienta base para identificar riesgos específicos en los territorios, reducir las vulnerabilidades estructurales y coordinar de forma oportuna las operaciones de evacuación o rescate destinadas a salvaguardar la vida humana y los bienes materiales. Debido a esto, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, en su calidad de ente rector de emergencias, anunció que iniciará el seguimiento respectivo y adoptará las acciones legales y administrativas que correspondan según la normativa vigente contra los GAD infractores.
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