Uno de los periodistas que ha profundizado en uno de los casos de corrupción más relevantes del país, vinculado a la compra de generadores eléctricos para afrontar la crisis energética de 2024, optó por alejarse de la cobertura. Hernán Higuera, reportero de investigación de Ecuavisa, decidió dejar de seguir el expediente tras las afectaciones que su trabajo generó en su entorno familiar.
La esposa del periodista fue desvinculada de la institución pública en la que trabajaba, mientras que su hijo perdió la plaza de residencia médica que realizaba en un hospital estatal. Las dos decisiones ocurrieron el mismo día.
Por varios meses, Higuera investigó la compra de 49 generadores eléctricos a la empresa estadounidense Progen Industries LLC mediante un contrato de 149 millones de dólares que, según una auditoría de la Contraloría General del Estado, terminó con la entrega de equipos usados. En otras palabras, eran equipos deteriorados acondicionados y comercializados como nuevos. Su más reciente reportaje sobre este caso se difundió el 18 de junio.
“Esto es inédito”, sostiene Higuera. Durante casi 25 años de trayectoria ha investigado a personajes controvertidos, políticos y altos funcionarios. Está habituado a enfrentar amenazas, cambiar sus rutinas, fortalecer medidas de seguridad y afrontar presiones judiciales derivadas de sus investigaciones. No obstante, nunca había vivido consecuencias que afectaran directamente a sus familiares más cercanos. “Mi trabajo siempre me ha expuesto a amenazas, pero jamás imaginé que podía llegar hasta mi familia”, asegura.
Dos años después, la investigación sobre la contratación de los generadores llegó al ámbito judicial con una decisión que despertó nuevos cuestionamientos. La Fiscalía pidió procesar únicamente a uno de los tres ministros que estuvieron al frente del Ministerio de Energía durante la ejecución del contrato, pese a que en las diferentes administraciones se aprobaron procedimientos, se aceptaron propuestas y se asumieron compromisos relacionados con la operación. Los exministros más próximos al círculo de poder quedaron fuera del proceso.
La controversia creció cuando Higuera difundió un audio en el que se escucha a la exministra Inés Manzano (no vinculada a la investigación penal) acordar con otro funcionario que debían ser “escuetos” en la información que entregarían a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. La conversación hacía referencia a una estrategia frente a los pedidos de la oposición para investigar el caso Progen y mencionaba a la presidenta de la comisión legislativa, Diana Jácome, una de las figuras del oficialismo.
La difusión de la grabación cambió la narrativa predominante sobre las responsabilidades políticas del caso. Más adelante, la polémica aumentó cuando Higuera solicitó una entrevista al secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, para conocer detalles de un pedido realizado por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) para que esa entidad actuara como veedora del contrato. Antes de responder, Neira publicó un mensaje en la red social X en el que cuestionó la insistencia del periodista y sugirió que actuaba de mala fe al requerir información que, según afirmó, ya había sido aclarada semanas antes. Ese mismo día, la esposa y el hijo del periodista fueron separados de sus cargos en el sector público.
La Fundación Periodistas Sin Cadenas manifestó su preocupación por las limitaciones que enfrenta el ejercicio periodístico en Ecuador. En el primer trimestre del 2026 se registraron 81 agresiones contra periodistas y medios de comunicación en el país, equivalente a al menos una agresión diaria durante los primeros noventa días del año.
La presión contra la prensa no se limita a amenazas o hechos violentos. También puede provenir de entidades estatales, como ha denunciado la empresa Gráficos Nacionales S.A. Granasa, editora de los diarios Expreso y Extra. Ambos medios fueron intervenidos por la Superintendencia de Compañía y enfrentan denuncias por presunta evasión tributaria, intentos de control accionario y campañas de desprestigio surgidas tras la publicación de investigaciones relacionadas con corrupción en la salud pública.