La Asamblea Nacional analiza en su etapa final un proyecto de ley orientado a endurecer las sanciones para quienes recluten, empleen o involucren a niñas, niños y adolescentes en actividades relacionadas con el crimen organizado. La iniciativa fue presentada en enero de 2026 por la asambleísta Valentina Centeno (ADN) y actualmente espera la elaboración del informe para el segundo y último debate.
La propuesta se plantea en medio del crecimiento de las estructuras criminales y el aumento de la violencia en Ecuador, situación que ha impulsado al Gobierno del presidente de la República, Daniel Noboa, a fortalecer las acciones de seguridad y lucha contra el crimen organizado. El proyecto propone reformar diez cuerpos legales para establecer un marco normativo destinado a prevenir, sancionar y eliminar el reclutamiento de menores por organizaciones delictivas.
Entre los cambios previstos figura la ampliación de competencias de los municipios en temas de seguridad, programas deportivos y espacios recreativos. Además, se incluyen reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), específicamente al artículo 127, para incrementar las penas por reclutamiento de menores en conflictos armados o grupos armados. Las sanciones pasarían de diez a trece años a un rango de 22 a 26 años.
Actualmente, la iniciativa se encuentra en la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social. De existir voluntad política, su aprobación podría concretarse en poco tiempo. “En un escenario ágil, en aproximadamente un mes la ley podría estar vigente”, concluyó Cárdenas.
Pese al incremento de penas planteado, expertos en derecho penal consideran que la medida no solucionará el problema de fondo. José Cárdenas, abogado penalista, señaló que el derecho penal interviene únicamente cuando el daño ya se ha producido. “El derecho penal es reactivo”, explicó, y sostuvo que las soluciones deben centrarse en fortalecer las condiciones sociales que rodean a niños y adolescentes.
Finalmente, además del endurecimiento de las sanciones, el proyecto contempla acciones preventivas, entre ellas el bloqueo de contenido digital destinado a promover la captación de menores por organizaciones criminales. También se reforzará la función de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos.