El ministro del Interior, John Reimberg, y el comandante general de la Policía Nacional, Pablo Dávila, comparecieron este 23 de junio de 2026 ante la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional para exponer información sobre las supuestas vulneraciones a los protocolos de seguridad y a los sistemas de videovigilancia administrados por Segura EP.
La fiscalización se desarrolla luego de que el Pleno de la Asamblea aprobara, con 143 votos, una resolución para investigar las denuncias relacionadas con el manejo de estos sistemas.
Durante su intervención, Reimberg afirmó que existe evidencia sobre el funcionamiento de una presunta «sala espejo» ubicada en el tercer piso del Palacio Municipal de Guayaquil. Según explicó, esta infraestructura paralela habría sido instalada por disposición de Fernando Cornejo, exdirectivo de Segura EP, y permitiría a usuarios con accesos privilegiados manipular cámaras de videovigilancia, redireccionarlas para evitar registrar determinadas zonas y extraer información sin supervisión policial. Además, aseguró que los registros de auditoría del sistema eran eliminados cada 60 días.
Legisladores cuestionan el desarrollo de la sesión
La comparecencia también estuvo marcada por cuestionamientos al manejo de la comisión. Al finalizar la exposición de las autoridades, varios legisladores señalaron que no se les permitió formular preguntas, pese a que esperaban solicitar aclaraciones sobre las denuncias presentadas.
Asambleístas de distintas bancadas sostuvieron ante los medios que el proceso de fiscalización estaría siendo utilizado como una estrategia para desviar la atención de otros temas de interés nacional, entre ellos el denominado caso Porsche, que involucra a un vehículo perteneciente a una empresa del Grupo Noboa.
El caso Porsche vuelve al debate
La bancada de la Revolución Ciudadana (RC) insistió en que la discusión sobre la presunta red de espionaje busca restar atención al caso Porsche, investigación relacionada con un vehículo de la empresa Industrial Molinera, vinculada al Grupo Noboa, que fue identificado en las inmediaciones de un operativo policial tras el atentado con explosivos ocurrido en la Bahía de Guayaquil el 3 de junio de 2025.
De acuerdo con el asambleísta Juan Andrés González, el automóvil llegó al lugar pocos minutos después de la detención de Iván Ballesteros, señalado como uno de los presuntos implicados en el ataque.
Los legisladores de oposición sostienen que las imágenes obtenidas mediante las cámaras de Segura EP permitieron establecer la ruta del vehículo, por lo que consideran necesario que la investigación no se limite a las supuestas irregularidades en el sistema de videovigilancia, sino que también esclarezca la presencia del automotor en ese contexto.
Durante su intervención, la asambleísta Jahiren Noriega destacó que la tecnología de videovigilancia municipal ha sido clave para esclarecer diversos casos de alto impacto, entre ellos la trazabilidad del Porsche y otras investigaciones relevantes. Asimismo, el legislador Juan Andrés González denunció que enfrenta un proceso por presunta asociación ilícita luego de haber hecho públicas sus denuncias sobre este caso.
Por su parte, el ministro Reimberg señaló que el caso Porsche corresponde a una investigación que está bajo conocimiento de la Fiscalía General del Estado, por lo que indicó que las consultas sobre ese proceso deben dirigirse a esa institución. En cambio, reiteró que la prioridad del Gobierno es esclarecer el supuesto funcionamiento de la denominada «sala espejo» y las posibles actividades de espionaje relacionadas con ella.
Denuncias por presunto silenciamiento
Otro de los puntos que generó controversia fue la decisión del presidente encargado de la Comisión de Seguridad, Andrés Castillo, de cerrar la etapa de preguntas argumentando que el tiempo establecido para la Comisión General había concluido conforme al reglamento.
Esta decisión fue cuestionada por legisladores de oposición. Jahiren Noriega calificó la sesión como un procedimiento que impidió realizar las preguntas que, a su criterio, requiere el país, mientras que la asambleísta Mariana Yumbay, de Pachakutik, sostuvo que existió un trato arbitrario y discriminatorio hacia quienes mantienen posiciones distintas al oficialismo.
Yumbay también criticó el desarrollo de la comparecencia al considerar que no permitió profundizar en las investigaciones y cuestionó la actitud del presidente encargado de la comisión durante la conducción del debate, señalando que existieron expresiones que calificó como irrespetuosas hacia las legisladoras presentes.