Este viernes 23 de octubre, el juez acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva para la expresidenciable Luisa González, así como para Santiago Díaz y Wendy Onofre, investigados por presunto lavado de activos dentro del caso Laberinto, relacionado con el financiamiento del proceso electoral de 2023 de la Lista 5.
Según la Fiscalía, los recursos habrían provenido de la comercialización ilegal de hidrocarburos.
El jueves 22 de octubre, González y los demás procesados fueron detenidos durante un operativo realizado en Manabí y Pichincha. La investigación involucra a al menos seis personas, cuatro de las cuales, incluida la excandidata, debían enfrentar una audiencia de formulación de cargos.
«La investigación busca esclarecer el origen de los recursos destinados a financiar publicidad electoral entre mayo y agosto de 2023 (…), donde se habría utilizado un entramado de personas jurídicas para canalizar aproximadamente USD 500.000», señaló la Fiscalía.
En este caso, Wendy Onofre, secretaria del movimiento RETO (Lista 33), se entregó voluntariamente a las autoridades en Guayas, horas después de que se conociera la investigación.
Según la Fiscalía, la prisión preventiva se solicitó únicamente para Luisa González, Santiago Díaz y Wendy Onofre, mientras que Molina recibió medidas sustitutivas, ya que tiene a su cuidado a un hijo cuya condición de salud requiere de su presencia. Por este motivo, se le impusieron presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y uso de un grillete electrónico.
Por medio de la cuenta de X de González se difundió un comunicado en el que la excandidata expuso su postura frente a la investigación.
En el mensaje, calificó de «absurda» la acusación por presunto lavado de activos y sostuvo que su detención constituye un «ataque a las libertades y persecución política».
“Hoy les digo con más fe y esperanza, que esta dictadura basada en odio, destrucción y persecución se acerca a su ocaso», enfatizó la expresidenciable, quien instó a la ciudadanía no votar por ADN en las elecciones del 29 de noviembre y llamó al voto nulo para la Prefectura de Manabí.
Agregó que enfrenta 19 procesos en la Fiscalía y que ha cumplido su compromiso de permanecer en Ecuador.
En respuesta, el Gobierno, a través de José Julio Neira, secretario de la Administración Pública y portavoz de la Presidencia, señaló que la investigación de la Fiscalía apunta a un presunto esquema de lavado de activos relacionado con la campaña presidencial de 2023 de la Revolución Ciudadana.
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