La dirigencia de la Revolución Ciudadana (RC) se pronunció en horas de la mañana, tras la detención de la excandidata presidencial Luisa González, por parte de la Policía Nacional y la Fiscalía, ocurrida la madrugada de este jueves 22 de octubre, en la parroquia Canuto, cantón Chone, Manabí.
La presidenta de la RC, Gabriela Rivadeneira, indicó que durante el operativo las entidades no notificaron formalmente al equipo legal de González antes de convocar la audiencia de formulación de cargos.
Ante ello, denunció públicamente que la actuación del Gobierno constituye una arbitrariedad y un secuestro que quebranta las garantías constitucionales del debido proceso.
“Ecuador vive una dictadura, y la dictadura no es solamente anular partidos políticos sino evitar que la gente tenga derecho a decidir”, enfatizó.
La Fiscalía justificó las intervenciones en Pichincha y Manabí mediante la ejecución de órdenes de detención contra tres personas investigadas por presunto lavado de activos dentro del denominado Caso Laberinto.
La entidad judicial indaga un supuesto financiamiento irregular vinculado a la campaña electoral del año 2023.
Sin embargo, Rivadeneira desestimó dichos argumentos, por lo que calificó la causa judicial como una ‘cortina de humo’ orientada a tapar actos de corrupción gubernamental y la crisis energética que vive el país.
Precisó que el expediente señala un monto de USD 6.000 que la organización política ya justificó y pagó mediante la multa correspondiente.
Bajo ese contexto, exigió la liberación inmediata de González, quien «no tiene por qué enfrentar un proceso de persecución y tortura».
«Qué tan mal está el gobierno de Daniel Noboa en este país, qué tanto rechazo tiene del pueblo que tiene que acudir a seguir secuestrando y apresando a las autoridades», enfatizó.
La Alianza Ciudadana, integrada por la RC, el Partido Socialista Ecuatoriano y Unidad Popular, enmarcó la detención de González dentro de un esquema sistemático de persecución política coordinado desde el Gobierno Nacional y la Fiscalía para inhabilitar candidaturas opositoras.
La coalición recordó las maniobras de fiscalización y las denuncias presentadas en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) contra autoridades en funciones como el alcalde de Quito, Pabel Muñoz.
Rivadeneira calificó la detención como un “secuestro” y afirmó que la organización todavía esperaba información completa de sus abogados sobre el procedimiento.
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