Ese miércoles 24 de junio, el Pleno de la Asamblea Nacional realizó el primer debate del Proyecto de Ley Orgánica del Régimen Especial de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Loressfa), una propuesta impulsada por la bancada de ADN para reformar el sistema de seguridad social militar y garantizar la sostenibilidad financiera del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa).
Tras presentar el informe de la Comisión del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social, su presidente, el asambleísta Eckenner Recalde, destacó que la propuesta responde a una obligación constitucional y no a una decisión coyuntural.
Se indicó que la propuesta busca asegurar un sistema de seguridad social militar sostenible, técnicamente viable y constitucionalmente adecuado, que garantice el pago oportuno de prestaciones presentes y futuras, sin comprometer el equilibrio financiero del ISSFA ni vulnerar derechos adquiridos.
Además, tiene el objetivo de busca dar cumplimiento obligatorio a la sentencia de la Corte Constitucional, que exige reformas estructurales al régimen vigente.
El proyecto incorpora un régimen de transición diferenciado, basado en el tiempo de servicio efectivo de los militares al momento de la entrada en vigencia de la ley: 20 años o más de servicio; de 18 a 19 años de servicio; y menos de 18 años de servicio.
“Este esquema busca equilibrar sostenibilidad con respeto a derechos adquiridos y expectativas legítimas, evitando regresividad”, detalló el legislativo.
Sin embargo, la iniciativa ya genera resistencia entre organizaciones de pensionistas y sectores políticos que consideran que implica una reducción de derechos para los miembros de la institución militar.
La bancada de la Revolución Ciudadana, en un comunicado difundido este 24 de junio, sostuvo que la propuesta afectaría a más de 121.000 miembros activos y pasivos de las Fuerzas Armadas al incrementar los años requeridos para acceder a la jubilación, reducir el monto de las pensiones, modificar las condiciones para viudas y familiares, y aplicar cambios que, según sus críticos, alterarían las reglas para quienes ya se encuentran en servicio.
Entre los principales cambios planteados consta el aumento del tiempo de servicio para acceder al retiro militar. El requisito mínimo pasaría de 20 a 25 años para la terminación de carrera y se fijaría un mínimo de 26 años para quienes soliciten una baja voluntaria.
Además, la pensión dejaría de calcularse con base en el último haber militar y se establecería un promedio de los últimos 48 meses de remuneraciones, o de los últimos 60 meses en determinados casos de retiro anticipado.
La propuesta también contempla modificaciones para los derechohabientes. La pensión de montepío se calcularía sobre el 80% de la pensión que recibía o habría recibido el militar fallecido.
Henry Peláez, director nacional del Frente Nacional de Pensionistas, cuestionó la elaboración del proyecto y aseguró que el sector no fue convocado para participar en su construcción.
Señaló que el texto fue elaborado por el Issfa y remitido a la Asamblea Nacional sin incorporar los planteamientos de los pensionistas. A criterio del dirigente, las reformas representan una regresión de derechos y afectarían especialmente al personal militar que actualmente se encuentra en servicio activo.
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