El informe “Sostener la vida dentro y fuera de las cárceles: Impacto de la crisis carcelaria en los derechos de las familias de personas privadas de libertad en Ecuador”, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), que presentó el jueves 16 de julio de 2026, contabiliza más de 700 reos muertos por probable tuberculosis (TB) y desnutrición, solo durante el 2025.
El documento indica que la ausencia de un registro oficial, público y actualizado sobre muertes en privación de libertad expresa una política negligente y la falta de voluntad del SNAI para reconocer y abordar un problema sanitario y humanitario en la Penitenciaría del Litoral.
Además, menciona que, en marzo del año pasado, el Ministerio de Salud Pública (MSP) reconoció 1.115 casos de TB en tratamiento a escala nacional y 565 personas privadas de libertad en tratamiento en el CPL Guayas N.°1, aunque negó oficialmente fallecimientos por TB en los centros.
Este posicionamiento ha sido cuestionado por organizaciones y familiares, que han reportado barreras de acceso a atención, discontinuidades en tratamientos y condiciones materiales de higiene, ventilación y alimentación incompatibles con un control epidemiológico efectivo.
El CDH manifiesta que este informe está dedicado a las familias de las personas privadas de libertad en Ecuador, y de manera especial a las madres, hijas, esposas y hermanas que históricamente han sostenido la denuncia pública frente a la incoherencia y el colapso del sistema de rehabilitación social.
“Han sido ellas quienes, en medio del estigma y la precariedad, han visibilizado que las formas en que el Estado gestiona el conflicto no reducen la violencia, sino que la reproducen; que la cárcel, lejos de rehabilitar, profundiza el daño a personas, familias y comunidades enteras”, puntualiza.
Según el informe, Ecuador enfrenta en las prisiones una de las crisis humanitarias más profundas de su historia moderna, que expertos y defensores de derechos humanos han calificado como “necropolítica”.
Así, la actual gestión penitenciaria, lejos de buscar la rehabilitación, se ha caracterizado por un abandono estatal que ha producido violencia. Dentro de este escenario, la salud se ha convertido en una herramienta de castigo, configurando una crisis sanitaria que devora los cuerpos de quienes están bajo custodia del Estado.
Este deterioro no es accidental. Se documenta una degradación sostenida de la calidad y cantidad de la alimentación, así como restricciones para el ingreso de medicinas básicas. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al otorgar medidas cautelares en la Resolución 99/2025, recogió reportes sobre condiciones críticas. Incluso en las áreas que deberían ser destinadas a la atención sanitaria dentro de los centros.
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