La presión se intensifica en el Azuay debido a que organizaciones indígenas, estudiantiles y ambientalistas rechazan públicamente a los asambleístas Camila León (Azuay) y Diego Matovelle (suplente nacional), buscando declararlos «personas no gratas». El punto álgido es el proyecto minero Loma Larga (Quimsacocha), donde activistas argumentan que las maniobras legislativas están protegiendo una licencia otorgada a Dundee Precious Metals a pesar de las zonas de recarga hídrica a gran altitud de la zona.
La reacción estalla después de que León y Matovelle votaran en contra de una moción para que la ministra de Ambiente, María Luisa Cruz, explicara, ante el pleno de la Asamblea, cómo avanzó la licencia ambiental; esa votación, postergada por el bloque oficialista, se convierte en un pararrayos en Cuenca. La Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) emitió entonces un comunicado declarando a ambos legisladores no bienvenidos en la provincia y exigiendo la destitución de León de la presidencia de la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea.
La agrupación de la FEUE-Cuenca denunció la votación como una traición a los votantes locales y a la defensa del agua, mientras que una red de grupos ambientalistas retomaron los planes de marchas y presión legal para detener Loma Larga. Su argumento se basa en mandatos locales previos contra la minería en las cuencas hidrográficas de Cuenca, y los organizadores presentan el impasse actual como una prueba de si esos mandatos siguen vigentes.
Ante la tormenta, León publicó un video anunciando que, como presidenta de la Comisión de Biodiversidad, convocó a los ministros de Ambiente y Energía, representantes de Dundee Precious Metals, funcionarios del catastro de Cuenca y expertos técnicos a una audiencia sobre Quimsacocha, aunque sin especificar fecha ni hora. Rechazó lo que denomina «shows políticos» e insistió en que el debate debe incluir «todas las voces», una postura que no calma a los detractores que exigen una rendición de cuentas inmediata en el pleno.
Matovelle, por su parte, defiende la votación como un asunto de procedimiento, argumentando que el asunto ya está bajo supervisión en otra comisión de la Asamblea y que trasladarlo al pleno generaría controversia en lugar de soluciones. Su explicación contradice la narrativa de la FOA, que sostiene que cualquier retraso solo profundiza la desconfianza y que la Asamblea le debe a Azuay respuestas claras sobre por qué la licencia se aprobó en una zona hidrológica protegida.
El Ministerio del Ambiente ordenó recientemente a Dundee Precious Metals suspender el inicio de actividades hasta que la empresa publique su Plan de Manejo Ambiental, y señaló que la demanda energética proyectada y el cronograma operativo de la mina siguen bajo polémica, mientras los ministerios de Ambiente y Energía se encuentran en proceso de fusión institucional. Los activistas citan estas incertidumbres para argumentar que la supervisión legislativa debería agilizarse, no ralentizarse.
La base social del Azuay parece unida en su repudio a los dos legisladores, pues los organizadores de las protestas convocaron movilizaciones para mediados de septiembre y la agenda ambiental de la Asamblea vuelve a cobrar protagonismo. Que la audiencia de la comisión prometida por León recupere legitimidad, o que la etiqueta de «persona non grata» se convierta en una ruptura duradera entre los representantes y sus electores, depende ahora de procedimientos rápidos y transparentes y de una respuesta concreta a las demandas de la comunidad en torno a la protección del agua en Quimsacocha.