La Corte Constitucional aceptó a trámite la acción extraordinaria de protección interpuesta por los destituidos exconsejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), agrupados en la conocida «Liga Azul», a saber: Eduardo Franco Loor, Augusto Verduga, Marisol Párraga y Yadira Saltos. Esta decisión se produce un año después de su destitución por parte del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que los sancionó por recibir apoyo político del movimiento Revolución Ciudadana durante su campaña electoral.
La Sala de Admisión de la Corte Constitucional, conformada por los jueces Karla Andrade, Alí Lozada y Richard Ortiz, otorgó un plazo de 15 días al TCE para que presente sus descargos sobre la demanda. Los exconsejeros argumentan que su destitución y las sanciones impuestas vulneraron sus derechos al debido proceso, la seguridad jurídica y el principio de legalidad.
Este caso ha generado atención debido a que la Corte Constitucional podría establecer precedentes jurisprudenciales sobre la aplicación de las decisiones del TCE y su alcance en el tiempo. Además, la resolución de este recurso podría influir en futuras acciones legales relacionadas con la participación política y la imparcialidad de las autoridades electorales.
La «Liga Azul» fue identificada como un grupo de consejeros vinculados al correísmo, y su destitución en septiembre de 2024 fue ratificada por el TCE en enero de 2025. Además de la destitución, se les impuso una multa equivalente a 70 salarios básicos unificados y la suspensión de sus derechos políticos por cuatro años.
La Corte Constitucional ha señalado que este caso reviste relevancia constitucional, ya que podría permitir el establecimiento de precedentes sobre el régimen de precedentes emitidos por el TCE y su aplicación en el tiempo. La decisión final de la Corte podría tener implicaciones para la jurisprudencia electoral y la protección de los derechos políticos en el país.
La resolución de este recurso se espera con atención, ya que podría influir en la percepción pública sobre la independencia y la imparcialidad de las instituciones encargadas de supervisar la participación política en Ecuador. Además, podría sentar un precedente en la protección de los derechos de los ciudadanos frente a decisiones administrativas y judiciales que afecten su ejercicio político.
La Corte Constitucional continúa con el análisis de este caso, y se espera que en los próximos días emita una resolución que podría redefinir aspectos determinantes del sistema electoral, y la participación ciudadana en el país. La decisión final será importante para garantizar la transparencia y la equidad en los procesos electorales futuros.