La Fiscalía señaló a varios dirigentes sociales, estudiantiles y ambientales de la provincia de Azuay por presunta asociación ilícita y paralización de servicios públicos. Entre los señalados se encuentra Yaku Pérez, exprefecto de Azuay, junto a Lauro Sigcha, Nohelia Ochoa, Sebastián Cevallos y Óscar Reinoso, quienes han liderado movilizaciones y actividades en defensa de derechos sociales y ambientales. Estas acciones se suman a investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito que afectan a más de 50 líderes sociales en todo el país.
La Federación de Organizaciones Campesinas de Azuay (FOA) denuncia que las notificaciones buscan criminalizar la lucha social y ambiental, en particular la defensa del agua y la oposición a proyectos mineros como Loma Larga. Lauro Sigcha, presidente de la FOA, enfatiza que las organizaciones campesinas llevan décadas defendiendo los recursos naturales sin vinculación con actividades ilícitas, y que estas acciones judiciales representan una intimidación directa.
Nohelia Ochoa, presidenta de la FEUE-Universidad de Cuenca, también recibe notificación de la Fiscalía, generando preocupación en la comunidad estudiantil por posibles represalias debido a su participación en las protestas del paro nacional. La universidad y organizaciones estudiantiles exigen el cese de la criminalización de la protesta pacífica y respeto a los derechos humanos, denunciando que las acciones legales buscan silenciar la voz estudiantil.
Además de los líderes mencionados, la Fiscalía investiga a más de 50 dirigentes indígenas y sociales, incluyendo activistas que defienden el agua y se oponen a la minería, en un contexto de creciente tensión política y social. La acumulación de procesos judiciales contra líderes populares ha generado alarma entre comunidades indígenas y campesinas, quienes perciben que se busca debilitar la resistencia social.
Organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales califican estas acciones como una estrategia para deslegitimar el paro nacional y frenar demandas sociales fundamentales, que incluyen la derogatoria del Decreto 126 y la liberación de los detenidos en Otavalo. Se advierte que la judicialización de líderes sociales puede tener efectos intimidatorios sobre la participación ciudadana y el ejercicio de la protesta pacífica.
El Gobierno sostiene que las investigaciones son parte del cumplimiento de la ley y no constituyen persecución política. Afirma que se busca garantizar la seguridad y la legalidad, aunque los líderes sociales y ambientalistas mantienen su postura de resistencia, reforzando la movilización y exigiendo un diálogo genuino que atienda sus reclamos históricos y ambientales.