En la noche de este martes 30 de septiembre, un operativo policial en el sector de Molleturo, provincia del Azuay, terminó con la detención de seis comuneros, entre ellos la defensora del agua Zoila Vásquez y cuatro adultos mayores. El hecho ocurrió en el marco del noveno día de protestas del Paro Nacional, lo que enciende un nuevo foco de tensión en la Sierra sur del país. Testigos afirmaron que los detenidos regresaban a sus hogares cuando fueron interceptados por agentes de la Policía Nacional.
Según la Federación de Organizaciones Campesinas del Azuay (FOA), la detención fue arbitraria y estuvo acompañada de un uso desproporcionado de la fuerza. Familiares de los comuneros denuncian que hubo disparos contra el vehículo en el que se movilizaban y que uno de los detenidos, Francisco M., de 64 años, presenta heridas visibles en el rostro y la cabeza. La FOA asegura que no existía ninguna acción violenta por parte de los comuneros en ese momento.
La Policía Nacional, por su parte, sostiene una versión completamente distinta. En un comunicado oficial, informa que interceptó una camioneta de cabina doble con la placa cubierta, cuyos ocupantes se encontraban encapuchados. Al ordenarles detenerse, el vehículo supuestamente intentó fugar, inició una persecución y colisionó con un patrullero, incluso poniendo en riesgo la vida de los uniformados al tratar de atropellarlos. Ante esa situación, la institución afirma que aplicó protocolos de uso legítimo de la fuerza hasta neutralizar a los ocupantes.
El operativo concluye con la aprehensión de seis personas, cuatro de ellas adultos mayores de entre 60 y 71 años. Según el parte policial, el vehículo fue inmovilizado y trasladado a dependencias judiciales para investigaciones periciales. Los comuneros son llevados a la Unidad de Flagrancia del Complejo Judicial del Azuay, donde este 1 de octubre se desarrollan audiencias en medio de un fuerte resguardo policial.
Desde tempranas horas, colectivos ciudadanos, organizaciones indígenas y grupos defensores de derechos humanos realizaron un plantón en Cuenca, frente al Palacio Municipal y a la Corte de Justicia, exigiendo la liberación inmediata de los detenidos. Pancartas y consignas denuncian lo que llaman una política de criminalización de la protesta social y responsabilizan al Gobierno de la escalada de violencia.
Líderes sociales e indígenas en Quito y Guayaquil expresaron su solidaridad con Molleturo, mientras la CONAIE y la FOA advierten que estos hechos agravan la crisis y dificultan cualquier posibilidad de diálogo. Además, organizaciones internacionales como la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Sudamérica son mencionadas en los llamados a vigilar el proceso y garantizar que no exista impunidad.
En este contexto, el Paro Nacional entra en una nueva fase de confrontación. La tensión se eleva no solo por los bloqueos y marchas en varias provincias, sino por los cuestionamientos al uso de la fuerza estatal y la percepción de que la protesta está siendo criminalizada. La jornada de este 1 de octubre se desarrolla marcada por la incertidumbre, con comunidades a la expectativa de lo que ocurra en los tribunales de Cuenca y con un país que observa cómo las detenciones en Molleturo se convierten en un símbolo del conflicto actual entre Estado y movimientos sociales.