El presidente Daniel Noboa desató una nueva polémica política al emitir los Decretos Ejecutivos 165, 166, 167 y 168, que ponen en estado de disponibilidad militar a tres vicealmirantes y un mayor general. Los cambios afectan a los efectivos de la Armada, Enrique Aristizábal Viteri, Pablo Iván Caicedo Salvador, Jaime Patricio Vela Erazo; y al efectivo del Ejército, Fernando Javier Lanas Viteri, quienes se encuentran suspendidos temporalmente de sus funciones sin pérdida de rango ni derechos.
La decisión se produce en un momento en que el país enfrenta un paro nacional marcado por intensas críticas a la actuación de los militares en las protestas, con denuncias de abuso y uso excesivo de la fuerza. La falta de justificación pública por parte del Ejecutivo intensifica las especulaciones sobre posibles fisuras internas en las Fuerzas Armadas. Los opositores interpretan los reemplazos como una medida de contención política o un reflejo de enfrentamientos institucionales ocultos.
Fuentes cercanas a la administración informan que los cambios se firmaron en Latacunga, sede temporal del Gobierno, lo que indica una estrategia de acción fuera de la capital. El estatus de «disponibilidad militar» significa que los oficiales ya no prestan servicio activo, pero siguen siendo susceptibles a futuros llamados a filas. Esta maniobra sigue a una similar del 27 de septiembre, cuando el presidente ya había incluido a dos generales de brigada en una situación similar.
Los críticos afirman que los cambios reflejan presión sobre los mandos militares para responder mejor a las demandas del Gobierno durante la crisis. Algunos analistas sugieren que Noboa busca afianzar lealtades o eliminar las voces disidentes dentro de las Fuerzas Armadas, en medio del creciente malestar social y los cuestionamientos sobre el papel institucional de las Fuerzas Armadas. La opacidad del anuncio agrava la percepción de que la iniciativa busca más el control político que la reorganización funcional.