El Consejo Nacional Electoral decidió, por mayoría, denegar la participación oficial del movimiento Revolución Ciudadana en la campaña para el referéndum y la consulta popular programados para el 16 de noviembre de 2025. La medida se justifica por la falta de una resolución interna aprobada en una convención nacional, requisito legal del movimiento que, según el pleno, no se cumplió en la documentación presentada. La resolución se aprobó con cuatro votos a favor y una abstención, consolidando una exclusión que genera inmediatamente controversia política y cuestionamiento público.
El informe técnico que sustenta la decisión explica que, si bien la RC presentó un acta firmada por Luisa González que expresa la posición colectiva de la organización en contra de algunas de las preguntas del referéndum, este documento no especifica el órgano que la aprobó ni demuestra el cumplimiento de las formalidades legales. Para el CNE, esta omisión invalida el registro, ya que los estatutos del movimiento estipulan que dichas deliberaciones deben emanar de una convención nacional. El argumento técnico se defiende como un proceso de estricto cumplimiento de la ley, sin discrecionalidad política, pero rápidamente se convierte en blanco de críticas de la oposición.
Luisa González, excandidata presidencial y presidenta de la Revolución Ciudadana, reaccionó de inmediato con fuertes declaraciones contra el organismo electoral. En entrevistas y mensajes públicos, acusó al CNE de cometer «fraude electoral» y recurrir a «leguleyadas» (demandas judiciales) para impedir que el apoyo a Correa se exprese en el ámbito político. Para González, la decisión no es un mero detalle administrativo, sino parte de una estrategia para silenciar a la oposición, que busca restringir el debate democrático y condicionar los resultados del referéndum. La exasambleísta afirma que no permitirá que se silencien las voces de millones de ecuatorianos y anuncia acciones legales y movilizaciones sociales en respuesta.
La RC, que ya venía denunciando dificultades para acceder a los espacios de toma de decisiones institucionales, considera que esta exclusión refuerza la narrativa de persecución política contra el movimiento liderado por el expresidente Rafael Correa. Líderes locales de la organización afirman que la negativa del CNE socava la pluralidad política y el derecho de la ciudadanía a recibir información diversa durante el proceso de campaña. El clima de descontento crece entre activistas y simpatizantes, quienes consideran organizar marchas y eventos públicos para impulsar la revisión de la medida. La tensión también crece en redes sociales, donde la etiqueta #FraudeElectoral se convirtió en tendencia en cuestión de horas.
Mientras tanto, el Gobierno y sectores cercanos al presidente Daniel Noboa defienden la decisión del CNE como un ejercicio de rigor técnico y respeto a las normas internas de cada movimiento. Las autoridades electorales insisten en que no hubo persecución, sino simplemente la aplicación de la ley en igualdad de condiciones para todos los partidos. Argumentan, además, que otros movimientos políticos han enfrentado dificultades similares y que la RC tuvo tiempo suficiente para corregir la documentación antes de la fecha límite. Sin embargo, la defensa de la legalidad no puede contener la percepción pública de que se trata de un episodio con fuertes connotaciones políticas, que podría socavar la legitimidad del proceso del referéndum.
Analistas políticos advierten que la exclusión de la Revolución Ciudadana de la campaña podría reducir la representatividad del debate en torno a temas importantes, como la convocatoria de una Asamblea Constituyente, la presencia de bases militares extranjeras en el país y el financiamiento público de los partidos. Al mismo tiempo, esta decisión refuerza las dudas sobre la imparcialidad de las instituciones, especialmente en un contexto de creciente polarización y desconfianza ciudadana hacia los órganos de control. Para sectores de la academia y la sociedad civil, el riesgo es que el referéndum de noviembre pierda legitimidad incluso antes de su celebración.
Luisa González insiste en que continuará la lucha por la vía legal y política, enfatizando que la Revolución Ciudadana no renunciará a expresar su posición sobre el referéndum, ni siquiera de manera informal o a través de sus activistas. La excandidata afirma que la historia de Ecuador demuestra que ninguna fuerza política puede ser aniquilada por decisiones administrativas y llama a la población a mantenerse alerta. Al mismo tiempo, sus abogados preparan recursos administrativos y posibles demandas para revertir la exclusión, aunque reconocen que los plazos ajustados hacen incierta cualquier revocación.