Un video divulgado en vivo captó al alcalde de Ibarra, Álvaro Castillo, haciendo expresiones despectivas hacia pueblos indígenas mientras creía que los micrófonos estaban cerrados. La grabación generó indignación generalizada y fue replicada profusamente en redes sociales antes de que la Alcaldía la retirara.
Al percatarse de la viralización, el alcalde se pronunció declarando que el clip habría sido alterado con inteligencia artificial y acusó a “los politiqueros de siempre” de promover la manipulación mediática. Esta versión oficial, sin embargo, ha sido recibida con escepticismo por organizaciones indígenas, medios locales y ciudadanos que dudan de esta defensa.
Acto seguido al escándalo, Castillo intentó cambiar de rol y propuso mediar el diálogo en el marco del paro nacional. Esa oferta fue vista por muchos como una estrategia para amortiguar el golpe político, en lugar de un gesto genuino de reconciliación.
Organizaciones indígenas y comunitarias han exigido una disculpa pública, así como una investigación independiente que determine responsabilidades. La Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (Unorcac) emitió un comunicado criticando los insultos al indígena Efraín Fuerez (asesinado recientemente) y rechazando que Castillo se presente como interlocutor del paro.
Figuras políticas, abogados y ciudadanos también han expresado su rechazo en redes sociales. La excandidata presidencial Luisa González compartió el video en X, advirtiendo que la memoria indígena no olvida. Por otro lado, el abogado Washington Andrade, calificó al alcalde como “clasista y racista”, y pidió que Ibarra recobre dignidad.
Analistas políticos locales interpretan que este episodio podría marcar un quiebre en la autoridad de Castillo. Comparan su defensa de “alteración digital” con tácticas de difusión de desinformación en otros casos, y anticipan que si no se actúa con transparencia pronta, el desgaste político será considerable.
Al cierre de esta cobertura, no hay noticias de que se haya conformado una comisión investigadora autónoma ni se haya establecido un cronograma formal de sanciones. En Ibarra, comunidades y ciudadanía se mantienen vigilantes, exigiendo que el caso no se diluya ni se convierta en un olvido institucional.