Home NacionalesEcuadorImbabura sufre invasión militar de casas, niños gaseados, y disparos contra comuneros

Imbabura sufre invasión militar de casas, niños gaseados, y disparos contra comuneros

by Ecuador En Directo

Un convoy militar y policial ingresó la mañana del lunes 13 de octubre en varias comunidades rurales de la provincia de Imbabura, oficialmente bajo el rótulo de “convoy humanitario” destinado a restablecer el paso en carreteras bloqueadas y entregar suministros básicos. Sin embargo, la jornada terminó en graves enfrentamientos con pobladores indígenas y campesinos, dejando al menos 22 personas heridas, una mujer en estado crítico por el impacto de una bomba lacrimógena en la cabeza, y múltiples denuncias de violencia excesiva y allanamientos de viviendas.

Según los habitantes de las comunidades de La Esperanza, Peguche y Quinchuquí, el convoy —integrado por camiones militares, tanquetas antimotines y decenas de uniformados— avanzó sin previo aviso, rompiendo bloqueos y lanzando gases lacrimógenos incluso en zonas residenciales donde se encontraban niños y adultos mayores. Testimonios difundidos por la política Priscila Schettini y confirmados por observadores locales, sostienen que varios menores sufrieron asfixia y crisis nerviosas por la exposición al gas. En medio del caos, una mujer que intentaba auxiliar a un niño fue alcanzada directamente en la cabeza por una lata de gas disparada a corta distancia.

El Ministerio de Gobierno defendió la operación señalando que el convoy buscaba garantizar el paso de alimentos y medicinas hacia comunidades aisladas por el paro nacional, convocado por la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador). Sin embargo, organizaciones sociales y humanitarias —entre ellas la Cruz Roja Ecuatoriana— negaron haber participado o autorizado la acción, aclarando que un “convoy humanitario” no puede estar armado ni bajo mando militar. La entidad remarcó que su emblema fue usado “sin consentimiento”, generando duras críticas al Ejecutivo por confundir la ayuda civil con operaciones de control territorial.

Durante el avance del convoy, ocurrido en la vía Otavalo–San Pablo, varios comuneros intentaron formar un cordón humano para impedir la entrada de los vehículos. Los enfrentamientos se intensificaron cuando los uniformados utilizaron gases lacrimógenos y balas de goma. Testigos reportaron que diez soldados redujeron y golpearon a un joven desarmado en el sector de Quinchuquí antes de subirlo a un camión militar. Videos difundidos en redes muestran escenas de pánico y a familias huyendo entre nubes de gas. Las comunidades denunciaron además que varias casas fueron allanadas sin orden judicial durante la noche.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas afirmó en un comunicado que sus efectivos actuaron “en estricto cumplimiento del deber” y que la intervención buscaba despejar la vía para garantizar la seguridad de la población. No obstante, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General del Estado abrieron investigaciones preliminares por presunto uso excesivo de la fuerza y posibles violaciones de derechos humanos. Voceros de la Conaie calificaron el operativo como “una provocación planificada” y exigieron la salida inmediata de las fuerzas armadas de las comunidades indígenas.

La situación en Imbabura se produce en el contexto del paro nacional indefinido, con epicentro en las provincias andinas de Cotopaxi, Chimborazo e Imbabura. Las protestas se originaron por el aumento del precio del diésel y la suspensión del diálogo con el Gobierno, pero se han ampliado hacia reclamos por derechos territoriales, autonomía indígena y rechazo a la militarización de zonas rurales. En las últimas 48 horas se han reportado cortes de vías, marchas pacíficas y enfrentamientos en Otavalo, Ibarra y Cayambe.

Organizaciones como Amnistía Internacional, la Alianza de Derechos Humanos del Ecuador y el Observatorio de Conflictos Socioambientales condenaron la actuación del convoy, calificándola de “operación militar encubierta bajo apariencia humanitaria”. En un comunicado conjunto, las ONG pidieron a la comunidad internacional monitorear de cerca la situación en Imbabura y recordaron que el uso de gases lacrimógenos como proyectiles directos constituye una violación a estándares internacionales de derechos humanos.

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