La madrugada de este 17 de octubre, un violento estallido estremeció la ciudad de Machala, en la provincia de El Oro. Una bomba colocada frente a un bufete de abogados explotó alrededor de las 00H10, destruyendo la fachada del edificio y causando pánico en los barrios cercanos. En el lugar se encontró un panfleto con amenazas dirigidas a juristas locales, lo que reforzó la hipótesis de un ataque planificado vinculado a extorsiones. La Policía acordonó la zona, recogió restos del artefacto y analizó cámaras de seguridad, mientras los vecinos denunciaban el incremento de amenazas en la zona comercial.
En Guayaquil, la situación es aún más crítica. En menos de una semana, dos coches bomba estallaron en distintos sectores de la ciudad, dejando víctimas y daños considerables. El primer ataque ocurrió frente a un centro comercial en el sector de la Bahía, y el segundo, en las inmediaciones de un centro comercial del norte de la urbe. Las autoridades identificaron vínculos entre estos atentados y bandas delictivas como Los Lobos y Los Pitufos, quienes se disputan territorios y rutas de microtráfico. Los ataques con explosivos son ahora una herramienta de intimidación y control territorial.
Simultáneamente, en Portoviejo, una nueva amenaza de bomba en la Unidad Educativa Colón SXXI obligó a evacuar a estudiantes y docentes. Fue la segunda alarma en menos de un mes en el mismo plantel. Aunque los expertos confirmaron que se trató de una falsa alarma, el temor creció entre los padres de familia, quienes pidieron que las clases se trasladen temporalmente a modalidad virtual. El ambiente de miedo y zozobra se ha instalado en Manabí, donde los operativos policiales se intensifican sin lograr frenar el clima de inseguridad.
En Naranjal, el puente Churute fue objeto de un atentado con coche bomba que obligó al cierre vial de la vía Churute-Naranjal y a tomar rutas alternas. En la ruta entre Cuenca y Girón-Pasaje, en el puente Mollopongo, se registró una explosión con cilindros de gas; un conductor de bus resultó con heridas leves y varios vehículos sufrieron daños por la onda expansiva.
El Ministerio del Interior señaló que estos hechos no son aislados, sino parte de una ola coordinada de violencia impulsada por organizaciones criminales que utilizan explosivos como método de extorsión económica. Comerciantes, transportistas y profesionales han denunciado recibir mensajes y llamadas en las que se les exige dinero bajo amenaza de ataques. En algunos casos, los negocios que se negaron a pagar sufrieron atentados o destrucción de propiedades. La llamada “vacuna”, una forma de cobro ilegal por protección, se ha convertido en un fenómeno extendido en varias provincias.
De acuerdo con investigaciones periodísticas, las bandas operan en células pequeñas y altamente móviles, lo que dificulta su rastreo. Además, se sospecha que parte del material explosivo utilizado proviene de minas ilegales y tráfico militar. Expertos en seguridad afirman que Ecuador enfrenta una transformación criminal sin precedentes, pues los grupos ya no buscan solo dominar el narcotráfico, sino también capturar espacios del Estado y del sistema judicial mediante el miedo. La liberación de detenidos vinculados a atentados recientes ha generado duras críticas contra la Fiscalía y la Corte Nacional.
El Gobierno de Daniel Noboa anunció el despliegue de fuerzas militares en zonas de riesgo y la creación de una unidad especializada antiexplosivos con apoyo internacional. Sin embargo, las medidas no han frenado la percepción de inseguridad. Organizaciones de derechos humanos advierten que el uso militar prolongado podría derivar en abusos y no atacar las causas estructurales del problema, como la corrupción institucional y la falta de inteligencia policial efectiva.
El país vive en estado de tensión y desconfianza. Cada nueva detonación despierta recuerdos recientes de violencia y pone en evidencia la fragilidad del sistema de seguridad. La población exige respuestas contundentes y justicia para las víctimas, mientras los expertos alertan que la espiral de explosivos y extorsiones podría extenderse si no se refuerzan las capacidades del Estado. Ecuador atraviesa uno de sus momentos más delicados en materia de orden público, con un tejido social marcado por el miedo y una creciente sensación de que la violencia ha superado los límites del control estatal.