El Tribunal Contencioso Electoral (TCE), ha emitido una resolución que reduce significativamente la sanción política impuesta a los exconsejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Eduardo Franco Loor y Augusto Verduga. La medida, dictada por el juez Patricio Maldonado durante este viernes 17 de octubre, disminuye la suspensión de sus derechos políticos de cuatro a un año. Esta decisión modifica la sentencia original que los inhabilitaba para participar en procesos electorales hasta 2029, permitiéndoles ahora ejercer sus derechos políticos a partir del 7 de febrero de 2026.
La reducción de la sanción se basa en reformas recientes al Código de la Democracia, aprobadas en julio del 2025, que establecen criterios más flexibles para la aplicación de sanciones en casos de infracciones electorales. El TCE argumentó que la nueva legislación permite una «modulación» de las penas, adaptándolas a las circunstancias específicas de cada caso. Sin embargo, esta decisión ha generado controversia y críticas en diversos sectores políticos y jurídicos del país.
Eduardo Franco Loor y Augusto Verduga fueron destituidos en enero de 2025 por el TCE, tras ser señalados de haber recibido apoyo del movimiento político Revolución Ciudadana para acceder al CPCCS. Esta vinculación fue considerada una infracción electoral grave, lo que motivó la sanción original. La denuncia fue presentada por el abogado Santiago Becdach y la activista Pamela Karina Troya, quienes cuestionaron la imparcialidad del proceso y la legalidad de la resolución.
La reducción de la sanción ha sido interpretada por algunos como una vulneración de la «cosa juzgada», principio jurídico que establece la estabilidad de las decisiones judiciales una vez que han adquirido firmeza. Críticos de la medida argumentan que esta acción del TCE podría sentar un precedente peligroso, permitiendo la revisión de sentencias definitivas y afectando la confianza en la institucionalidad del país.
Por otro lado, defensores de la decisión señalan que la aplicación de las reformas al Código de la Democracia busca adaptar el sistema electoral a las realidades políticas actuales, permitiendo una mayor flexibilidad en la imposición de sanciones. Aseguran que la modulación de las penas es una herramienta legítima para garantizar la justicia y la equidad en el proceso electoral.
La resolución del TCE ha reavivado el debate sobre la independencia y la autonomía de las instituciones encargadas de velar por la transparencia y la legalidad en los procesos electorales. Organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos han expresado su preocupación por posibles interferencias políticas en decisiones judiciales, lo que podría socavar la confianza pública en el sistema democrático del país.
Este fallo también ha tenido repercusiones en el ámbito electoral, ya que abre la posibilidad de que Eduardo Franco Loor y Augusto Verduga puedan postularse en futuras elecciones, incluyendo la Asamblea Constituyente prevista para 2027. Su retorno al escenario político podría influir en la configuración de alianzas y estrategias electorales, especialmente en el contexto de la polarización política que caracteriza al país en la actualidad.