Lo que comenzó como un paro nacional unificado de la mayor participación indígena del país, se ha fragmentado en una abierta disonancia, ya que varios grupos de base se niegan a rendirse, incluso después de que la CONAIE anunciara el fin de la movilización.
Este martes 22 de octubre, el presidente de la Conaie, Marlon Vargas, declaró el fin de las movilizaciones que han durado un mes, explicando que la decisión era «difícil pero necesaria» para proteger la vida de los indígenas en medio de lo que calificó de «brutal represión» por parte del Gobierno de Daniel Noboa.
Sin embargo, Vargas expuso cuatro demandas: la desmilitarización inmediata de los territorios indígenas; la liberación de las personas detenidas durante las protestas (incluidos los llamados «12 de Otavalo»); reparaciones para las víctimas y los heridos; y el fin de la criminalización de los líderes y comunidades indígenas.
A pesar del anuncio de la confederación social, las organizaciones indígenas locales en varias provincias, en particular la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (UNORCAC) y la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN), declararon que continuarían en resistencia, rechazando la voz de Vargas como la última palabra. Llamaron a sus bases a movilizarse para una gran marcha en la provincia norteña de Imbabura. Un mensaje publicado por la CONAIE en redes sociales decía simplemente: “La resistencia continúa desde los territorios”.
El Gobierno había amenazado con operaciones militares para despejar los principales bloqueos viales, especialmente en Imbabura, después de que las protestas paralizaran partes de la red nacional de transporte. Mientras tanto, grupos de derechos humanos informaron que al menos tres manifestantes murieron durante los enfrentamientos, cientos resultaron heridos y que la respuesta de las fuerzas de seguridad se caracterizó por el uso excesivo de la fuerza.
Si bien la dirección central de la CONAIE optó por replegarse y cambiar su estrategia hacia las «asambleas territoriales» y el próximo referéndum nacional del 16 de noviembre, las bases locales se sintieron traicionadas, afirmando que sus sacrificios y riesgos diarios estaban siendo ignorados. Los politólogos advierten que esta fractura podría debilitar la capacidad de negociación del movimiento, a la vez que intensificaría la fragmentación y la autoorganización local.
Para el Gobierno nacional, el momento representa tanto alivio como riesgo. Por un lado, el levantamiento de los bloqueos coordinados ofrece una vía de regreso a la normalidad y la estabilidad económica. Por otro lado, la continua resistencia —fuera de los canales formales de la CONAIE— da lugar a un panorama de protestas más impredecible y posiblemente más difícil de gestionar. El Ministerio de Defensa y la Policía Nacional hicieron un llamado público a la calma y al retorno a la normalidad en los cantones de Otavalo y Cotacachi, en Imbabura.
De cara al futuro, el movimiento y el Gobierno centran ahora su atención en el referéndum del 16 de noviembre, donde cobran gran importancia las cuestiones relacionadas con la propuesta de una asamblea constituyente, las bases militares extranjeras y el financiamiento de los partidos políticos. La CONAIE ya se ha posicionado a favor del «NO», lo que indica que, si bien el paro puede haber terminado formalmente, la lucha a largo plazo no lo ha hecho.