La comunidad ancestral huancavilca de Bajada de Chanduy, en la provincia costera de Santa Elena, ha decidido acudir a instancias internacionales y presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los habitantes aseguran que la construcción de la llamada Cárcel del Encuentro, impulsada por el presidente Daniel Noboa como parte de su política de seguridad, afecta sus territorios ancestrales y está contaminando el río Las Negras, fuente vital de agua para riego y consumo local.
La prisión, que el Gobierno presenta como un emblema de su “guerra contra el crimen organizado”, se levanta sobre terrenos que, según los comuneros, forman parte del territorio de la comuna. A pesar de los reclamos formales y de la exigencia de una consulta previa, libre e informada, sus solicitudes fueron rechazadas en instancias judiciales nacionales. “Hemos agotado todas las instancias acá en el país, entonces nos vamos a las instancias internacionales”, declaró Carola Cabrera, dirigente huancavilca y habitante de la zona.
Cabrera afirmó que el río Las Negras, antes de aguas claras, ahora presenta un olor fétido y tonalidades oscuras debido al vertido de aguas residuales provenientes del área de construcción. “Antes el agua era cristalina, ahora es pestilente; la están ensuciando con desechos del proyecto”, expresó. La comunidad sostiene que esta situación pone en riesgo sus cultivos, la pesca artesanal y el acceso a agua segura.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil acompaña legalmente el caso. Su abogado, Fernando Bastias, considera que el sistema judicial ecuatoriano “hay una indefensión porque el sistema de justicia le ha dado la espalda a las comunas ancestrales”, y que la denuncia ante el Sistema Interamericano es el último camino posible para buscar protección. “Existe indefensión. Lo que ocurre en Chanduy es una violación al derecho al agua, al ambiente sano y al reconocimiento de los pueblos originarios”, afirmó.
Mientras tanto, el Gobierno defiende el proyecto, asegurando que la obra cumple con estándares ambientales y que no se han identificado afectaciones a los ecosistemas. El Ministerio de Ambiente aclaró que el terreno donde se construye la cárcel no pertenece al Sistema Nacional de Áreas Protegidas ni al Patrimonio Forestal Nacional. No obstante, la comunidad insiste en que el área corresponde a un ecosistema de bosque seco tropical, cuya conservación es vital por su biodiversidad y su papel en la recarga de acuíferos.
La construcción de la cárcel, que hasta el 9 de octubre registraba un avance del 35%, avanza en medio de tensiones. El ministro del Interior, John Reimberg, anunció que la obra estará lista a finales de noviembre. En contraste, los comuneros presentarán una medida cautelar para exigir la suspensión inmediata de las actividades que, según ellos, generan contaminación hasta que se repare el daño ambiental.
Donald Cabrera, otro líder local, advierte que el conflicto va más allá de lo ecológico, ya que se teme que la instalación de una prisión de alta seguridad provoque el desplazamiento de familias campesinas y aumente la inseguridad en la zona. “Cuando funcione la cárcel, vendrán familiares y bandas buscando quedarse con nuestros territorios”, alertó. La comunidad espera que la CIDH escuche su reclamo y ordene medidas de protección, mientras en el terreno la disputa entre seguridad estatal y defensa ambiental continúa marcando el pulso del conflicto.