El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha rechazado públicamente las acusaciones de que intenta eliminar a Revolución Ciudadana (RC) como organización política, afirmando que las acciones en curso se basan en el cumplimiento de la ley y no en la persecución política.
Durante una conferencia de prensa, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, enfatizó que las medidas afectan a múltiples partidos y se derivan de la omisión de la RC de presentar los informes de financiamiento de campaña legalmente requeridos, no de la intención de descalificar políticamente al grupo.
Según la autoridad, la RC, junto con otras organizaciones, no ha cumplido con los plazos para presentar los registros que detallan las contribuciones, gastos y listas de donantes de campaña, según lo exige el código electoral; estas omisiones conllevan sanciones administrativas que incluyen multas y la suspensión de los derechos políticos.
Sin embargo, la dirección de la RC sostiene que las acciones del CNE reflejan una aplicación selectiva de la ley y están influenciadas por el Poder Ejecutivo. El portavoz del Consejo Nacional Electoral, Juan González, afirmó que el organismo electoral actúa bajo la influencia del Gobierno, comprometiendo así su imparcialidad.
Los expertos legales consultados señalan que el estatuto electoral de Ecuador faculta al CNE a iniciar procesos ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) cuando los partidos no presentan sus informes financieros. La última directiva del CNE sigue este protocolo y, según el documento del 14 de octubre, identifica con precisión estas infracciones.